Tiene aprobadas 141 recomendaciones sobre seguridad y cuidado de las víctimas, pero a la comisión parlamentaria que investiga la masacre del 11-M aún le falta mucho por hacer. Según Paulino Rivero, su presidente, hasta finales de mayo o el mes de junio no se emitirán las resoluciones definitivas, en las que se incluirán una valoración de la imprevisión gubernamental antes del día 11 y otra sobre la táctica del Ejecutivo de Aznar y la actuación del PSOE en los días previos a las elecciones generales del 14-M.
El origen de la comisión
La comisión se constituyó el 27 de mayo. Fue el resultado de un pulso muy peculiar entre el PSOE y el PP en el que la mediación de las minorías (CiU, ERC, IU-ICV, PNV, CC y Grupo Mixto) acabó siendo decisiva. Quedó formada por 16 componentes: tres miembros de PSOE y PP, y dos por cada uno de los grupos, excepto IU-ICV y CC, con uno.
Después de las elecciones del 14-M, el PP justificó su derrota con el atentado y criticó el uso partidista que, a su juicio, hicieron de él los socialistas. El PSOE y las minorías consideraban que el Gobierno de José María Aznar había mentido a los españoles acusando a ETA de la masacre para rentabilizar electoralmente el dolor colectivo.
PSOE y PP se acusaron mutuamente de no querer la comisión. Los socialistas explicaron que no tenía sentido investigar la labor de un Gobierno sobre el que ya se habían pronunciado los españoles en las urnas, pero su portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó sentado que la apoyarían si la aceptaba el PP.
Fue un constante amagar que resolvieron las minorías al acusar a las mayorías de no querer averiguar la verdad. La presión de ERC e IU-ICV, socios del Gobierno, volvió a ser decisiva. Su anuncio de que forzarían a los socialistas para que se creara la comisión hizo temer al PP que dieran el primer paso. Y optaron por adelantarse. De perdidos, al río, resolvieron.
Mariano Rajoy pensaba que el debate le beneficiaría de cara a las elecciones europeas del 13 de junio y pidió que se constituyera la comisión. Y José Luis Rodríguez Zapatero respondió que adelante.
La comisión inició sus trabajos el 27 de mayo y las primeras comparecencias de altos responsables policiales, políticos y expertos empezaron el 6 de julio. Después de 57 testimonios y 175 horas de comparecencias, sólo queda concluir lo que pasó y esperar a ver si el PP se suma o no a las propuestas de futuro que han suscrito todos los demás.
Las estrategias de PSOE, PP y las minorías han ido variando. El PP quiso demostrar que ETA tenía mucho que ver con los autores de la masacre para justificar el comportamiento de los miembros del Ejecutivo entre el 11 y el 14 marzo. Al tiempo, pretendía desvelar que el PSOE, con la connivencia del grupo Prisa (dueño de El País y la cadena SER), había realizado una campaña de falsedades que provocó su derrota.
Acusaciones
Los socialistas, acompañados por los grupos minoritarios, se aprestaron a demostrar que la imprevisión del Gobierno de Aznar permitió que se llevara a cabo la matanza, que el apoyo a la guerra de Irak la había favorecido y que las mentiras del Ejecutivo sobre la autoría de ETA para conseguir la mayoría absoluta acabaron por movilizar al electorado progresista en contra del PP.
La comparecencia de Aznar desveló las dudas de PSOE y PP sobre la conveniencia de pactar el cierre de la comisión "por razones de Estado". Ahí fue, a finales de verano del año pasado, donde las minorías volvieron a jugar un papel decisivo al solicitar la comparecencia del expresidente. Pusieron a socialistas y conservadores a los pies de los caballos y les obligaron a aceptar la presencia de José María Aznar y, para la réplica, la de José Luis Rodríguez Zapatero.
Resultados fructíferos
La comisión trabajó a fondo. Y los resultados fueron fructíferos. Se demostró que la pista sobre el uso del explosivo Titadyne en la que se basó el ministro del Interior, Angel Acebes, para culpar a ETA se había desvanecido la misma tarde del 11-M. Eduardo Blanco, el comisario de Alcalá de Henares, y Juan Jesús Sánchez Manzano, el responsable de los desactivadores de explosivos de la policía (Tedax), demostraron que sus superiores sabían que el explosivo utilizado era goma-2 Eco y no el Titadyne de ETA. El hallazgo de la furgoneta de Alcalá y de la mochila que no estalló dejaron claro el mismo día 11 que no era ETA, pero Angel Acebes insistió dos días más.
Se demostró la imprevisión del Gobierno, que no hizo caso de las alertas policiales. Los servicios de información de la Guardia Civil, la policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisaron de que podían producirse atentados del terrorismo integrista en febrero y octubre del 2003, cuando Osama bin Laden amenazó directamente a España.
Otra revelación fue la enorme descoordinación policial. Hubo muchos fallos. Los traficantes de dinamita de la mina Conchita, en Asturias, de donde salieron los explosivos del 11-M, eran confidentes de la policía y de la Guardia Civil, pero no se enteraron. "Entre el 2000 y el 2004 no hubo reuniones ni intercambio de datos", dijo el coronel Fernando Aldea, jefe de la comandancia de Asturias.
Tampoco hubo intercambio de información entre la Unidad de Drogas de Madrid, que controlaba a Jamal Ahmidam, el Chino , que fue quien compró la dinamita, y la Brigada Regional de Información de Madrid, que seguía los pasos de Serhane ben Abdelmajid, el Tunecino , uno de los cabecillas del Grupo Integrista Combatiente Marroquí que se suicidó en Leganés con otros seis terroristas.
