La asociación de familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en Turquía, del que se acaban de cumplir seis meses, consideró ayer "deplorable y lamentable" que el Ministerio de Defensa no haya hecho valer su derecho a participar en la comisión investigadora del siniestro. Una interpretación más exigente del convenio de Chicago sobre aviación civil internacional permitía al Estado español ser parte activa de la investigación.
El citado convenio señala que "una persona designada por un estado puede participar en la investigación conducida por otro estado para obtener información de primera mano sobre las causas del accidente". La exigencia de participar con pleno derecho permitiría a las autoridades españolas incidir en los aspectos que más beneficiarían a las familias, señaló el presidente de la asociación, Carlos Ripollés, "pero ya se ve que el trasfondo es el abandono".
La comisión de investigación está compuesta por técnicos de Turquía, donde ocurrió el accidente; Ucrania, país al que pertenecía la compañía aérea, y Rusia, fabricante del avión. El general español Francisco Sánchez Borrallo fue designado para participar en la misma como "observador". En la causa judicial en Turquía tampoco figura España.
