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Juicio al ‘procés’ Páginas 28 a 33 888

Las defensas acusan al tribunal de «criminalizar la disidencia»

Los letrados piden a los jueces que no actúen de «salvadores de la patria». El abogado de Junqueras denuncia la violación de todos los derechos básicos

 

ÁNGELES Vázquez JESÚS G. Albalat
13/02/2019

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Francesc Homs (izquierda) intercambia un documento con el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, ayer. -

El encargado de inaugurar el juicio del procés fue el abogado del principal acusado, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras. Andreu Van den Eynde denunció la «criminalización» de los derechos que considera vulnerados con este procedimiento: el de «disidencia política», el de autodeterminación, el de reunión, el de manifestación, el de representación política... En sus propias palabras, «todos menos el de petición, porque hasta el de culto se le restringió a Junqueras en prisión» al impedirle asistir a misa.

A su informe, tan bien hilado que parecía más propio del que realizará cuando concluya el juicio que del trámite de cuestiones previas, se fueron sumando uno a uno el resto de letrados con más o menos elocuencia. Salvo Javier Melero, abogado del exconsejero Joaquin Forn, que se salió del guion y comparó el juicio que comenzó ayer con el de «una estafa o una alcoholemia», tras lo que pidió las mismas garantías de los acusados por esos delitos que para los que se enfrentan a rebelión, sedición, malversación o desobediencia, en concreto, su cliente, del que señaló que se le acusa exclusivamente por la «capacidad del dominio de la fuerza» que se le atribuye por su ascendente sobre los Mossos.

Van den Eynde, que parecía hablar más para Europa que para el Supremo, definió en su turno el marco del debate: «Existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar. Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos excluidos de determinadas decisiones. Y si estamos excluidos tenemos que tener derecho a protestar», aseveró.

Sostuvo que la concentración frente a la Consejería de Economía del 20 de septiembre del 2017, por los arrestos de la operación Anubis, fue una protesta, hasta que se decidió considerarlo una rebelión o sedición, algo que aseguró que era imposible que previera un ciudadano de a pie o incluso un abogado penalista como él mismo hace dos años.

CAUSA GENERAL / Entre el público, además de los familiares de los acusados, también estuvo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y un grupo de seis abogados, procedentes de Francia, Bélgica y Estados Unidos, que tuvieron que quitarse sus respectivas togas para poder entrar en la sala. El letrado volvió a defender la presencia de observadores internacionales y la declaración de la testifical rechazada, como la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

El abogado sostuvo que el procedimiento del Juzgado de Insrrucción número 13 de Barcelona, que ordenó los registros del 20 de septiembre, son en realidad «una causa general, prospectiva, contra el independentismo», circunstancias vetadas por el ordenamiento jurídico.

En esta línea siguió también Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que se remitió a la carta que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, escribió con motivo del fallecimiento del que había sido titular de ese juzgado, José Antonio Ramírez Sunyer, para a renglón seguido pedir al tribunal que «sean jueces y no héroes nacionales, salvadores de la patria», porque esa no debería ser su función.

También recordó las palabras del fiscal de la Audiencia Pedro Rubira con las que defendió la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos y al mayor Josep Lluís Trapero con la falta de «imparcialidad» y «serenidad» que, en su opinión, se producía en Cataluña, lo que considera que ha llevado al Tribunal Supremo a forzar su jurisdicción.

«Nos tiene que dar igual si el 26 de mayo hay unas elecciones o la final de la Champions, lo que nos debe importar es respetar el derecho de estas personas», lamentó Pina para argumentar que el juicio comience sin disponer de toda la prueba documental admitida a la defensa y sin que se interrogue al Rey, por el discurso que dio el 3 de octubre, o el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

La letrada Ana Bernaola ahondó en nombre de Turull en esta senda para pedir la suspensión del juicio hasta que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos pendientes y la Sala 61 del propio Supremo rechace definitivamente el día 19 la recusación de los magistrados que componen el tribunal.

Benet Salellas, en nombre del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue el que defendió las vulneraciones de derechos cometidos en un tono más similar al de Van den Eynde. También sostuvo que el tribunal no debería dejar a la Abogacía del Estado acusar al líder de la entidad soberanista de sedición, porque se personó por malversación y su actuación debería restringirse al delito por el que fue perjudicada. El juicio seguirá hoy con el turno de la fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox.

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