Jorge Dezcallar será destituido como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en cuanto el nuevo Gobierno tome posesión. Dezcallar fue nombrado director del CNI con rango de secretario de Estado en junio del 2001 y será sustituido por José Alberto Saiz, consejero de Industria y Empleo de Castilla-La Mancha y persona de plena confianza del nuevo ministro de Defensa, José Bono, hasta ahora presidente de esa autonomía. Fuentes de los servicios secretos consideran que el relevo convierte a Dezcallar en víctima política de la masacre de Madrid.

Personas próximas a Dezcallar, que regresará al cuerpo diplomático y será destinado a una embajada importante, no ocultaron su sorpresa por la forma y el método empleado para anunciar su cese. Aunque había puesto su cargo a disposición del nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto sorprendido por la rápida decisión del nuevo titular de Defensa de anticipar el nombre de su sustituto sin comunicárselo personalmente.

AUTOCRITICA APLICADA Las fuentes consultadas criticaron el "método precipitado" del relevo, que puede hacer pensar, según reconocieron, que los fallos de seguridad previos a la masacre del 11-M son achacables al CNI. La autocrítica por no prestar más medios y atención a la amenaza de los terroristas islamistas ya había sido realizada en el seno del servicio secreto. El propio Dezcallar se la había manifestado al presidente saliente, José María Aznar.

Tras los atentados, el trabajo del CNI con los servicios policiales y de la Guardia Civil ha sido determinante para capturar a los presuntos autores de la masacre de Madrid. Ello no quita que la continuidad de Dezcallar, cuyo nombramiento por cinco años fue consultado al PSOE en su día y obtuvo un amplio respaldo, se encontrara pendiente de la renovación.

Las fuentes consultadas recordaron que el método del relevo rápido, todavía pendiente del acuerdo del Consejo de Ministros, supone una merma del principio de consultar el nombramiento al principal partido de la oposición, como ocurrió con el propio Dezcallar, cuyo principal cometido fue la reforma del antiguo Cesid y la aplicación de la ley consensuada entre el PP y el PSOE que somete la actividad del CNI al control del Ejecutivo, del Parlamento y del Tribunal Supremo.