El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha afirmado hoy que el Gobierno "hoy por hoy" no cuenta con el apoyo de su partido "de ninguna manera" y ha insistido en que el adelanto electoral es una "posibilidad" sobre la que trabaja la formación nacionalista. Así se ha manifestado el portavoz del grupo vasco en la Cámara Baja sobre las futuras negociaciones de los Presupuestos de 2012, quizá los últimos de la legislatura y uno de los instrumentos fundamentales para que el Gobierno aguante hasta marzo del año que viene. El PNV es clave en esas negociaciones por el apoyo, o no, que pueda dar al Ejecutivo, algo que ya hizo para los Presupuestos de este año, con su consiguiente aprobación. Erkoreka ha comentado al respecto que el partido nacionalista sólo hablará con el Gobierno de las cuentas del año que viene cuando "se cumplan plenamente los acuerdos presupuestarios" de 2011. Mientras tanto, "hoy por hoy" el Ejecutivo no cuenta con el respaldo del grupo parlamentario vasco "de ninguna manera". Aunque el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, aseguró ayer que el adelanto electoral es ahora mismo el escenario "más realista", el portavoz de este partido en el Congreso ha preferido emplear la expresión "escenario posible". "Ayer se puso de manifiesto que la posibilidad de un adelanto electoral no se descarta en absoluto, y luego se desmintió; pero en el abanico de posibilidades que manejamos la eventualidad de un adelanto electoral no se puede descartar", resumió Erkoreka antes de puntualizar que el PNV trabaja sobre esa opción. No obstante, a su juicio, anticipar los comicios es potestad del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que en función de las decisiones que sólo él adopte, el partido vasco definirá su estrategia. De momento, Zapatero ejerce el cargo "en plenas facultades y legitimidad democrática". Sobre la renovación del Tribunal Constitucional, bloqueada a pesar de la renuncia de tresde sus magistrados, luego rechazada por el presidente, Pascual Sala, el portavoz del PNV ha achacado la situación a la incapacidad de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, para acordar la identidad de los juristas que reemplazarán a los que ya han expirado su tiempo de mandato.