Un día después de que cayera el jefe militar de ETA y se pudiera celebrar que desde el 1 de enero se ha detenido a un etarra cada dos días, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco provocó ayer un nuevo dolor de cabeza a los responsables políticos de la lucha antiterrorista: hay "indicios" de que el Gobierno de Venezuela "coopera" con la banda. La acusación revolvió al Ejecutivo español y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, llamó a Hugo Chávez para pedir explicaciones. El Gobierno venezolano consideró "tendenciosa" e "inaceptable" la acusación.
El juez Velasco considera que el Gobierno venezolano facilitó los contactos entre la guerrilla colombiana de las FARC y ETA, para intentar asesinar al presidente Alvaro Uribe y su antecesor, Andrés Pastrana, en algunas de sus visitas a España. La supuesta conexión entre ETA y las FARC no es nueva, la connivencia de Chávez con la banda terrorista vasca tampoco (Venezuela es uno de los santuarios latinoamericanos para los etarras), pero nunca hasta ahora había habido una denuncia de tamaña magnitud. La relación bilateral entre Caracas y Madrid, siempre con vaivenes, vive su hora más baja.
PROCESAMIENTO En el auto judicial de ayer, el magistrado procesó a seis etarras y siete miembros de las FARC y resaltó la actuación del terrorista Arturo Cubillas Fontán, que desde el 2005 es director adscrito en la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura de Venezuela. Velasco considera a Cubillas "responsable" del grupo de etarras que viven en Latinoamérica desde 1999 y el que se encargó de los contactos con la guerrilla colombiana. El juez pide al Ejecutivo que efectúe los contactos necesarios para que tanto Venezuela como Cuba y México, donde viven los etarras procesados, los extraditen.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó equilibrar la prudencia y la contundencia. "Estamos a la espera de las explicaciones por parte de Venezuela y, en función de esa explicación, actuará el Gobierno de España", afirmó.
También se contuvo en sus declaraciones Uribe, que apuntó que hay que ser "prudentes" y dar tiempo a que la "vía diplomática" aclare el asunto. Más duro fue el expresidente Pastrana, quien dijo que Chávez debe dar "las aclaraciones necesarias", y consideró que no solo España debe pedir explicaciones, sino que lo debe hacer toda la UE.
El Gobierno de Venezuela reaccionó siete horas después de conocerse la noticia y aseguró, en un comunicado, que el juez Velasco hace "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano". Según el texto, en el auto "se hace referencia a un ciudadano que vive en Venezuela desde mayo de 1989, como producto de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González entonces presidente venezolano y jefe del Ejecutivo español". Según el Gobierno venezolano, la denuncia del juez es fruto "de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes", el número dos de las FARC.
