Ocho de cada 10 votantes del PP suscriben la tesis de que los jueces del Tribunal Constitucional (TC) deberían cesar cuando caduque su mandato. Una idea compartida por una contundente mayoría de ciudadanos españoles, sean del partido que sean. En realidad, el mensaje catalán de que el TC no debería enjuiciar las leyes sometidas a referendo, como el Estatuto catalán, no ha calado. Algo más de la mitad de los españoles rechazan esta idea. En todo caso, los magistrados, prorrogados o no, reciben su sonado suspenso en independencia.

Según el barómetro político de España realizado por el GESOP para los diarios de Grupo Zeta, un 81,9% de encuestados afirman que los magistrados deberían abandonar su cargo en cuanto caduque su mandato. El 6,4% lo rechaza y un 11,8% no se posiciona. Estos datos avalan uno de los puntos de la proposición de ley que el tripartito y CiU registraron el pasado lunes en el Senado: el que plantea que, si los partidos no se ponen de acuerdo en la renovación de los jueces, aquellos cuyo mandato haya acabado cesen automáticamente tras seis meses.

AVISO AL PSOE Y AL PP Pero el resultado del sondeo es también un serio aviso al PSOE y al PP, responsables del bloqueo que vive el TC hace más de dos años. Además del 80,6% de los votantes conservadores que apuestan por el cese automático, un 86,1% de votantes socialistas suscriben esta posibilidad, que nunca ha sido propuesta por un PSOE reticente hasta el lunes pasado a desbloquear la situación del tribunal. Curiosamente, de estar en vigor este precepto, el alto tribunal contaría hoy solo con siete miembros de los 12 que fija la Constitución, pues uno falleció en el 2008 (y aún no ha sido sustituido) y otros cuatro deberían haber cesado a finales del 2007, cuando expiró su mandato. Entre estos últimos se encuentra la actual presidenta, María Emilia Casas. A estas circunstancias se añadiría el juez ya recusado, de manera que el Estatut quedaría en manos de solo seis jueces.

Porque los españoles consideran que cualquier ley puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. Un 53,9% defiende que el órgano debe pronunciarse sobre las leyes aprobadas en referendo por los ciudadanos. No obstante, el 30% difiere de esta visión. Muy significativo es que Cataluña sea la única autonomía donde la mayoría de los ciudadanos reprueba que el TC pueda recortar leyes con refrendo popular. Un 45,7% lo rechaza y un 42,2% lo acepta.

NI LO ES, NI LO PARECE La idea de que "la justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo", la comparte el 63,8% de españoles, que tienen la percepción de que el Constitucional no funciona como órgano independiente de los políticos. El 20,1% sí avala su independencia, y un 16,1% no opina al respecto. Esta imagen negativa es general en todas las autonomías, aunque se acentúa en Euskadi y Cataluña, donde más del 70% denuncia la politización del tribunal.