Con ocho meses de retraso, tras el aplazamiento impuesto por la pandemia del coronavirus, este lunes arranca finalmente en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo el examen del suplicatorio remitido en enero por el Tribunal Supremo para levantar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Un procedimiento que tendrá lugar por vía telemática -tras el dictamen favorable emitido por los servicios jurídicos de la Cámara hace unas semanas- y que los políticos catalanes intentarán frenar alegando defectos de procedimiento, que los delitos de los que se les acusa no existen en muchos Estados miembros y que el caso es un ejemplo de persecución política.
Según el procedimiento previsto, el primer paso este lunes será la presentación por parte del ponente designado, el búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del que forman parte Vox o los nacionalistas flamencos de la N-VA, y al que seguirá un primer debate a puerta cerrada en el que solo podrán intervenir los miembros de la comisión, que preside el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez. Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán que esperar a la siguiente reunión, prevista el 3 de diciembre, para defender su caso en una audiencia para garantizar la confidencialidad, en la que podrán estar acompañados por un abogado o asesor jurídico aunque este último no podrá tomar la palabra.
Según fuentes jurídicas, los eurodiputados catalanes denunciarán la existencia de errores de procedimiento. Entre ellos, por ejemplo, que el Tribunal Supremo no es el órgano judicial competente para solicitar el suplicatorio, tal y como ya dictaminó el Tribunal de Bruselas el pasado 7 de agosto en la sentencia que rechazó la euroorden cursada contra el exconsejero Lluís Puig. Además, alegarán que alguno de los delitos por los que se solicita su extradición, como la sedición, no están fundamentados ya que no existe en países como Alemania, Bélgica, Italia o Francia. Utilizarán como argumento la sentencia del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que examinó la euroorden de Puigdemont y que determinó que no se había producido un delito de rebelión ni sedición, así como las opiniones de grupos como Amnistía Internacional.
Por último, denunciarán que el suplicatorio responde a un caso de "fumus persecutionis" o persecución política para impedir que sigan ejerciendo como eurodiputados. "Es innecesario justificar que la intención de los tribunales españoles es impedir que ejerzan de eurodiputados. Es evidente", aseguran fuentes jurídicas próximas a los políticos catalanes, que incidirán en que "no tendrán un juicio justo" en caso de extradición, en la falta de neutralidad de la Junta Electoral Central y en el papel de instigador del partido de extrema derecha Vox, que precisamente cuenta con un eurodiputado suplente en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo.
Sembrar otras dudas
Además, también intentarán sembrar dudas sobre el hecho de que los tres eurodiputados compartirán el mismo ponente, cuando el reglamento señala que debe haber un ponente para cada expediente de inmunidad, y cuestionarán el uso del sistema telemático. "El presidente de la comisión de asuntos jurídicos es miembro de Ciudadanos, que fue uno de los partidos que más se opusieron a la investidura telemática de Puigdemont", sostienen fuentes jurídicas próximas al ex president del Govern, que insisten en que discutirán "hasta los puntos, las comas y los acentos".
Con la información y la documentación recibida, el ponente deberá elaborar un informe de recomendación que será discutido en la siguiente reunión de la comisión de asuntos jurídicos, también a puerta cerrada. Hará falta una cuarta en la que previsiblemente tendrá lugar la votación sobre el levantamiento o no de la inmunidad. Una vez concluido el trámite la última etapa será la votación en el pleno de la Eurocámara por mayoría simple. Todas las reuniones en la comisión parlamentaria serán secretas.
Se trata de un trámite que habitualmente se prolonga entre "tres y seis meses" y que si no hay retrasos imprevistos podría concluir en febrero o marzo del 2021. De levantarse la inmunidad, para que puedan ser juzgados en España, se podrían reactivar las euroórdenes, que quedaron en suspenso tras la proclamación como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Ponsatí. La defensa de los políticos catalanes augura que aún en esta situación seguirían dando batalla en los tribunales.
