Tal y como estaba previsto, un avión militar de las Fuerzas Aéreas estadounidenses aterrizó ayer de madrugada en la base de Torrejón de Ardoz y de él descendió un ciudadano yemení que tras pasar ocho años encerrado en Guantánamo vivirá durante un tiempo indefinido en España, vigilado, pero en libertad, y con permisos de residencia y trabajo.
El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó horas después la llegada y no quiso dar ni un solo detalle más del asunto. El exrecluso, el segundo de los cinco que España se ha comprometido con la Administración de Barak Obama a acoger durante el proceso de cierre del controvertido penal caribeño, no sabe hablar inglés, ni francés, ni castellano. Una situación similar a la de su antecesor, el palestino Walid Ibrahim Abu Hijazi, de 30 años, que llegó el pasado 24 de febrero y que reside con normalidad en nuestro país tutelado por una oenegé.
A pesar de que Hijazi ha logrado vivir estos dos primeros meses con absoluta discreción --ninguna persona de su entorno, salvo aquellas que lo tutelan y vigilan, está al corriente de sus circunstancias--, al ministro le preocupa mantener el anonimato de los ex-presos. De hecho, cuando la familia de Hijazi confirmó que su hijo era el ex-preso recién llegado a España, en Interior se plantearon la posibilidad de facilitarle una nueva identidad por seguridad, pero de momento no ha sido necesario. Del segundo exrecluso acogido no ha trascendido su identidad. Y como el primero, no podrá abandonar España.
La decisión de trasladar al exrecluso a España se enmarca en la política antiterrorista común de España, la Unión Europea (UE) y EEUU. Y parte de las conclusiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, celebrado el pasado 4 de junio en Bruselas, y de la declaración UE-EEUU del pasado 15 de junio en relación al cierre de Guantánamo y la futura cooperación antiterrorista.
