El magistrado rechazó los dos argumentos de la defensa de las compañías. Así, avaló, pese a los intentos de la defensa, la legitimidad de los familiares para pedir indemnizaciones, a pesar de haber cobrado 75.000 dólares por víctima del Ministerio de Defensa. Para el juez, no queda probado que los controladores aéreos turcos cometieran errores técnicos que condujeran a los pilotos al resultado trágico final.
