Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía anunciaron ayer que si la sentencia del juicio iniciado en Zaragoza confirma que el avión "no debió despegar nunca" pedirán "la imputación de la cadena de mando que consintió ese vuelo, de toda la jerarquía", informa Efe.
Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42, Alfonso Agulló, antes de que empezara el juicio civil por el accidente que costó la vida a los 62 militares en mayo del 2003.
Sobre la posibilidad de que el exministro de Defensa Federico Trillo se siente en el banquillo, apuntó que respetan "los pasos de la justicia", pero "los responsables de velar por la seguridad eran sus mandos militares y los jefes de su ministerio".
"Que el Yak-42 no debió despegar es un hecho que se desprende con total rotundidad del informe de la comisión de investigación internacional", subrayó Agulló, y resaltó que las familias esperan que el informe "se traduzca en sentencia". Agulló indicó que "esa sentencia es vital para las familias" de las víctimas porque entienden que "no se puede vender la seguridad de los militares", y las empresas que lo hacen "no se merecen estar en el mercado". "No se puede mirar a otro lado cuando hay 62 muertos", añadió.
El presidente de la asociación recordó que se pagaron 149.000 euros por el Yak-42 y de ellos 108.000 no fueron a la empresa que gestionó el vuelo. "¿A dónde ha ido ese dinero? Ahora contamos hasta siete subcontratistas, terreno abonado para prácticas corruptas", enfatizó. Los familiares reclaman 60 millones de eu- ros en indemnizaciones.
El teniente general Juan Luis Ibarreta, segundo jefe del Estado Mayor del Aire, declaró ayer que no se expidieron billetes para el vuelo del Yak-42. Esta posible irregularidad y el hecho de que no se informara a los viajeros de las limitaciones de la responsabilidad civil de la compañía centraron la sesión de ayer, informa J. M. Pérez Bernad.
Los ocho abogados de las familias quieren demostrar que UM Air, propietaria del Yak, incumplió el convenio de Varsovia de aviación civil, por lo que la indemnización puede superar los 130.000 euros por fallecido que en principio fija ese convenio.
Ibarreta reveló también que cada familia había cobrado 75.000 dólares como adelanto de indemnización y que el Ministerio de Defensa pagó a Chapman una póliza de seguros que esta compañía no contrató, por lo que se le ha abierto un procedimiento. Chapman y la empresa que firmó el contrato, Russi Blatiwala, no acudieron al juicio, pese a estar citadas.
El caso podría quedar visto para sentencia hoy, después de que se presenten los informes periciales y las conclusiones de los abogados.
