Todavía no. La Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer a que el juez Baltasar Garzón remita al Tribunal Supremo la investigación sobre la trama de corrupción vinculada al PP. A su juicio, los indicios que aparecen en la causa contra aforados nacionales "no están definidos ni consolidados", y es preciso investigar más el papel jugado por el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuyas iniciales aparecen en documentos intervenidos en los registros practicados, según fuentes de la investigación.

Sin embargo, las pruebas que existen contra tres parlamentarios de Madrid son "contundentes y abundantes", según estas fuentes. La fiscalía desvincula de esta trama radicada en Madrid a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y a otro aforado de esta comunidad que se mantiene en secreto. Por ello, propone a Garzón que se inhiba a favor de los tribunales superiores madrileño y valenciano. También apoya que siga con la instrucción hasta que estos tribunales asuman la competencia.

LOS DATOS Fuentes de la investigación confirman que la policía ha encontrado datos contra diputados y senadores del PP. Los agentes han descifrado sus iniciales en unas anotaciones aparecidas en documentos que, a su juicio, vinculan a Bárcenas y a otros aforados con la trama. También han identificado sus apodos. Los hechos en los que los aforados podrían estar implicados se remontan a la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno.

Por ello, la fiscalía considera que es necesario que la investigación avance y se concrete más, ya que los datos que existen en este momento no cumplen los requisitos que exige el Supremo para asumir la competencia. Y tampoco permitirían al ministerio público solicitar su suplicatorio --el levantamiento del fuero parlamentario-- para poder interrogarlos e investigar, por ejemplo, sus cuentas bancarias.

La fiscalía considera, en el informe remitido a Garzón, que "en este momento" los datos que existen contra los aforados "no configuran indicios que justifiquen" la remisión de la causa al alto tribunal. Y mantiene que dicha inhibición "es prematura".

FACTURAS FALSAS Por contra, la instrucción contra los parlamentarios de Madrid "está bastante trabada", ya que la prueba documental y testifical desvela las cantidades que cobraron, cuándo lo hicieron y a cambio de qué favores. La investigación también ha aclarado que el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco continuaron trabajando con el jefe de la trama, Francisco Correa, después de que Mariano Rajoy rompiera relaciones en el 2004. Las fuentes consultadas insisten en que esta red consta de un entramado empresarial que ocultaba con facturas falsas las comisiones percibidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Las mismas fuentes lamentan las dificultades de esta investigación y recuerdan que la competencia de Garzón fue cuestionada por el PP. Un ejemplo de la tarea por hacer: la policía aún tiene que analizar ordenadores y las operaciones de esta trama. Garzón previsiblemente responderá en las próximas horas a la petición de la fiscalía y probablemente la asumirá, aunque su informe no es vinculante.