Cortar por lo sano. La fiscalía de la Audiencia Nacional reclama un año y tres meses de prisión contra Jaume Roura y Enric Stern por haber quemado fotos del Rey el pasado 13 de septiembre, cuando Juan Carlos y Sofía inauguraban un centro de investigaciones científicas en Girona. El juicio contra ambos se celebrará antes de final de año.
El juez Santiago Pedraz interrogó a Roura el pasado día 20, y a Stern, el día 28. Ambos jóvenes reconocieron que quemaron varias fotografías del Rey en la plaza del Ayuntamiento de Girona para protestar en contra de la Monarquía. Stern impregnó las imágenes con líquido inflamable y Roura les prendió fuego con una antorcha.
La fiscalía calificó los hechos como una actuación grave y solicitó al juez que impusiera una fianza de 10.000 euros a Roura y presentaciones quincenales para Stern. Sin embargo, el magistrado les dejó en libertad por entender que no existía riesgo de fuga. Además, en el caso de que huyan, su presencia no es necesaria para que se celebre el juicio.
La fiscalía relata, en su escrito de acusación, que la actuación de los imputados tenía como único fin "menoscabar y dañar el prestigio de la más alta institución del Estado". Por ello, Roura y Stern "iban con el rostro tapado para no ser identificados". Sin embargo, la fiscalía no persigue a las personas que les jalearon con diferentes gritos mientras quemaban las fotos, por considerar que esta actitud sí está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Para el fiscal, los dos jóvenes independentistas cometieron un delito grave de injurias a la Corona.
LOS LIMITES Además de este caso --que ayer pasó al juzgado penal--, la Audiencia Nacional investiga otros dos hechos similares. El juez Fernando GrandeMarlaska interrogará el jueves a nueve implicados en otra quema de fotos del Rey acaecida el día 21 en solidaridad con Roura. Por su parte, Baltasar Garzón ha abierto un proceso por otro hecho similar el pasado día 29 en Manresa (Barcelona) y Lleida.
Fuentes fiscales han adelantado que es probable que estos dos últimos casos no lleguen a juicio. La fiscalía quiere poner un límite a estas actividades y es partidaria de condenar actos preparados y concertados contra la Monarquía, pero no aquellos que se lleven a cabo por solidaridad con las personas que cometan los primeros.
