La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido una sentencia por la que se absuelve al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a otros siete ex concejales del Ayuntamiento de un delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia de obras en una zona verde. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga resolverá el próximo 13 de febrero el recurso presentado por Los Verdes y el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de la capital que absolvió a los ocho acusados.
Los hechos se remontan a octubre de 1996, cuando Muñoz suscribió un convenio urbanístico con la entidad Moansa para recalificar una zona verde en el plan urbanístico vigente, situada en la urbanización Huerta Belón de la ciudad, para construir seis viviendas unifamiliares pareadas.
La resolución judicial señaló que esta actuación "fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo", pero matizó que "no excede del ámbito de la mera ilegalidad y queda lejos de las exigencias objetivas y subjetivas requeridas por el delito de prevaricación administrativa".
En cambio, el fiscal entiende que la concesión de estas licencias va más allá de la mera ilegalidad administrativa y alude a una responsabilidad penal, basándose en que los procesados actuaron al margen del propio sistema legal, según el recurso, al que tuvo acceso Efe.
El Ministerio Público sostiene que ha habido una "infracción de Ley", al no aplicar el artículo 320 del Código Penal que señala que la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente de proyectos de edificación contrario a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.
Para ello, argumenta que las licencias otorgadas por el consistorio marbellí, además de ser contrarias a la normativa vigente, se habían acordado "de antemano", con la idea de que se ajustaran "únicamente" a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el equipo de gobierno estaba elaborando en aquellas fechas, y que eran una norma "no eficaz".
La Fiscalía insiste en que "los acusados conocían perfectamente" que la revisión del plan estaba en trámite, por lo que se produjo "una infracción palmaria y evidente de la legislación urbanística", y recuerda que cuando "de forma patente y clamorosa se desborda la legalidad" se incurre en el ámbito de la prevaricación.
En la sentencia se absolvió, además de a Muñoz, a otros siete ex concejales que pertenecieron al GIL: Rafael González, María Luisa Alcalá, José Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal, el que fue primer teniente de alcalde Pedro Román y Juan Antonio Yagüe Reyes, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe.
Muñoz, encarcelado desde el 20 de julio por su implicación en la "Operación Malaya" ha sido condenado ya en dos ocasiones por delito urbanístico, una por unas licencias de obras en "Banana Beach" y otra por autorizar a la entidad Promoción de Edificaciones Industriales (Proinsa) la construcción de 150 viviendas, garajes y locales junto al Palacio Polivalente.
