Paso a paso. La fiscalía pidió ayer al juez Fernando Grande-Marlaska que impute a cinco altos mandos del Ministerio de Defensa por la muerte de 62 militares en accidente aéreo en Turquía wn mayo del 2003 cuando regresaban de una misión humanitaria en Afganistán en un Yak-42. El fiscal les imputa 62 homicidios imprudentes. Las familias han pedido la imputación de 20 personas. El fiscal Fernando Burgos solo ha apoyado las del entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general Juan Luis Ibarreta; el jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez, y las del coronel jefe y el comandante de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yáñez y Alfonso Elías Lorenzo.
Para la fiscalía, estos mandos eran los responsables de "todas las competencias" sobre el desarrollo de las misiones internacionales, "incluidas las facultades de contratación, control y supervisión de las operaciones". A su juicio, no inspeccionaron "jamás" ninguno de los vuelos ni comprobaron "las condiciones del avión" como la "seguridad, mantenimiento, instrumental necesario, pericia de la tripulación, certificados y licencias".
Para el ministerio público, el accidente era "previsible" por las irregularidades detectadas en aviones de fabricación rusa. Además, la fiscalía afirma que la tragedia se podría haber evitado. Y considera acreditadas "las deficientes y hasta lamentables" condiciones de seguridad del vuelo y "el alto riesgo que la realización del transporte suponía para las tropas españolas". Estas circunstancias, a su juicio, eran "conocidas por los responsables de Defensa". La fiscalía también quiere que se investigue el destino de más de 100.000 euros perdidos en "una incontrolada cadena de subcontratas". El fiscal no se ha pronunciado sobre una eventual imputación del exministro del PP Federico Trillo.
