La Fiscalía de la Audiencia Nacional no pedirá la prisión de los dos empresarios navarros que tenían previsto declarar a partir del mediodía ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación con el pago del llamado impuesto revolucionario.
Según fuentes jurídicas, los empresario José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, detenidos el pasado viernes y cuyos nombres aparecen en sendos documentos en los que la banda terrorista ETA les agradecía pagos, son socios conjuntos de Construcciones Azpiroz y Saralegui SL, una compañía que realiza numerosas obras públicas en la provincia de Pamplona.
Los dos empresarios, que habían sido citados a mediodía para declarar ante el juez, están acusados de colaboración terrorista por haber pagado presuntamente a ETA el llamado impuesto revolucionario, dentro de las investigaciones que sobre la red de extorsión de la banda armada lleva a cabo un equipo hispano-francés y que se ha saldado con un total de 12 detenidos.
Deuda atrasada
Ambos empresarios supuestamente pagaron en junio 64.000 euros a la banda terrorista, por una presunta deuda del 2001. Nada más ser detenidos, los empresarios prestaron declaración ante los policías judiciales que se trasladaron desde Madrid para trabajar a las órdenes de Grande-Marlaska. A los dos arrestados se les imputa un delito de colaboración con organización terrorista.
Grande-Marlaska dejara su puesto a finales de esta semana ante el retorno de Baltasar Garzón. El magistrado seguirá trabajando en la Audiencia Nacional cuando deje el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora ocupa. Antes de sustituir a Garzón en marzo del 2005, era titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid desde abril del 2003.
