Gabriela Bravo (1963, Rafol de Salem, Valencia) ingresó en la carrera fiscal en 1989. Como portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo del que tomó posesión en el 2008, tiene la difícil tarea de comunicar los acuerdos del Consejo en un momento en el que la imagen de la justicia española está cada vez más deteriorada.

--¿Qué espera del nuevo curso judicial que hoy inaugura el Rey?

--Confío en que, junto a la Administración central y autonómica, podamos culminar el proceso de implantación de la nueva oficina judicial. Además, trabajamos en la elaboración de un nuevo reglamento de la carrera judicial y en materia disciplinaria y queremos modificar el proceso de selección de la carrera judicial. Las deficiencias de nuestra administración de justicia no deben ser suplidas con el sobreesfuerzo encomiable de los jueces.

--¿Le preocupa que la justicia parezca cada día más politizada?

--Creo que esa imagen no responde a la realidad. Los jueces trabajan desde los principios de legalidad, independencia e imparcialidad, mientras que el CGPJ es un órgano político que toma decisiones políticas.

--Pero parece que en el CGPJ funciona más la ideología y que los vocales votan por bloques.

--Eso no es cierto. El CGPJ es un órgano complejo, pero una gran mayoría de acuerdos se han adoptado por unanimidad o amplias mayorías. Hemos podido cometer errores, pero hasta en temas tan complejos como el informe del aborto han prevalecido las posiciones jurídicas.

--¿Le inquieta la situación del Tribunal Constitucional?

--Los plazos para renovar los órganos constitucionales deben cumplirse. Sería bueno para todos, y fundamentalmente para las instituciones del Estado. Sobre los motivos de la falta de acuerdo de los responsables políticos, los desconozco y no puedo entrar en especulaciones, pero la actual situación no es buena.

--¿Están los jueces preparados para investigar corrupciones políticas como el caso Gürtel?

--Por supuesto que sí, aunque es cierto que lo que necesitan es una mayor dotación de medios.

--En su opinión, ¿el Tribunal Supremo está acosando al juez Baltasar Garzón?

--De ninguna manera. El magistrado Garzón, como cualquier ciudadano, está amparado por la presunción de inocencia. Comprendo el eco mediático que pueden tener estas causas, pero deben de interpretarse como un mensaje claro a la sociedad: la justicia en España se aplica igual a todos, es decir, todos somos iguales ante la ley.

--Sin embargo, el papel del Tribunal Supremo en este caso ha sido duramente cuestionado.

--Creo que en algunas ocasiones, en este y en otros asuntos, las críticas se han excedido porque han ido dirigidas a desacreditar a las instituciones. Cuando los responsables políticos atacan al Poder Judicial o al ministerio fiscal, o a las fuerzas de seguridad, olvidan que su papel es precisamente el contrario: el respeto de las instituciones del Estado y no un ataque sistemático.