Dice un viejo aforismo judicial que los recursos de súplica son como los senos en los hombres: no sirven para nada. Rara vez los magistrados que han tomado una decisión se corrigen a sí mismos. Pese a ello, Baltasar Garzón recurrió ayer ante el Tribunal Supremo la determinación de imputarle por prevaricación a raíz de su investigación de los crímenes franquistas. El juez de la Audiencia Nacional sostiene que la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias no es más que una "burda represalia" por haberse negado a instruir una denuncia contra Santiago Carrillo presentada por la asociación de amigos de Paracuellos.

El letrado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, explica a los cinco jueces que han imputado a su cliente que el magistrado no cometió ningún delito cuando decidió aceptar las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos durante la guerra civil. "La intención de mi mandante ha sido la de garantizar la tutela judicial de las víctimas", afirma.

INTERPRETACION DEFENDIBLE También admite que este proceso es "discutible" y puede dar lugar "a encendidos debates", pero subraya que nadie pone en duda que "la intención de los militares que ejecutaron el golpe militar en julio de 1936 era cambiar por las armas la forma de gobierno". Por ello, sostiene que la Audiencia Nacional es competente para indagar en estos hechos en "conexión con otros gravísimos delitos" de lesa humanidad "para desgracia de miles de personas". Por tanto, el letrado rechaza que la investigación de su cliente haya sido "injusta, esperpéntica o irracional". Y también defiende que la interpretación que hizo de la ley para asumir las pesquisas "es defendible y no delirante".

Por su parte, los cinco magistrados del Tribunal Supremo, que tendrán que resolver el recurso de súplica presentado por el juez Baltasar Garzón contra su imputación por un delito de prevaricación, pedirán un dictamen al fiscal y al sindicato Manos Limpias antes de tomar una decisión. La fiscalía previsiblemente apoyará el recurso del juez de la Audiencia Nacional. De este modo, evitará que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerde su suspensión si la decisión del alto tribunal acaba adquiriendo firmeza.