Cuanto antes y sin generar más dudas sobre la actuación de la policía. Es lo que pretende el Gobierno, dar el carpetazo a las acusaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a la policía por no colaborar con el ministerio público en la lucha contra ETA; en concreto durante los procesos de ilegalización de formaciones políticas del entorno etarra. Fuentes del Ejecutivo admiten que las palabras de Conde-Pumpido "no fueron adecuadas", pero una vez aclarado el "malentendido" por el fiscal, la cuestión se quiere dar por cerrada.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega buscó zanjar el asunto, al reducirlo todo a un "tema procedimental que en ningún caso ha afectado a la investigación en curso". Pero los sindicatos policiales no están dispuestos a asumir sin más la actitud de Conde-Pumpido y presentarán una querella. Juzgan sus palabras como el "ataque más duro, injustificado, temerario y desleal" que ha recibido la policía. Por eso reclaman también a la cúpula del Ministerio del Interior que reaccione. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba todavía no se ha pronunciado.
Conde-Pumpido, consciente de lo que quería decir y denunciar, aseguró el pasado jueves que la fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Guardia Civil y no a la policía un informe sobre si ETA está elaborando listas para las europeas.
El argumento que ofreció es que la policía no le da los datos directamente y prefiere ofrecerlos al juez Baltasar Garzón, con la convencimiento de que la Audiencia Nacional los comunicará después a la fiscalía. Conde- Pumpido, poco después de sus explosivas declaraciones, y tras comunicarse con Rubalcaba, matizó que "la pequeña descoordinación" ya se había resuelto.
REFORMA LEGAL Pero el fiscal general ha puesto encima de la mesa un problema de una enorme trascendencia, mostrando una guerra abierta entre el juez Garzón y la fiscalía durante el doble proceso judicial que ha solido incoarse para intentar parar cualquier intento del entorno etarra de presentarse en las convocatorias electorales. Además, la fiscalía busca una reforma legal para asumir las investigaciones como sucede en la mayoría de los países del entorno europeo. Conde-Pumpido comparecerá el jueves en el Senado para dar cuenta de su política antiterrorista, tras una petición del PP.
"¿Es verdad que la Policía se niega a colaborar con el fiscal y solo lo hace con el juez Gar- zón?", preguntó el líder del PP, Mariano Rajoy, a Zapatero, tras considerar la cuestión de "extrema gravedad". El PP ha pedido también la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso.
