La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno trabajará para lograr "el mayor acuerdo posible" en torno a la ley de la memoria histórica, pero sin desvirtuarla y teniendo presente la "concordia" de la Transición. Fuentes gubernamentales precisaron que el Ejecutivo no prevé cambios relativos a los juicios sumarísimos, como piden PNV y CiU.
"Es una ley que va a permitir a muchas personas ver reconocidos esos derechos que durante tiempo no le fueron reconocidos y en la que está basada, y en ese mismo espíritu vamos a continuar trabajando, en la concordia que presidió la Transición", dijo.
TRAMITES PARLAMENTARIOS El jueves, este proyecto de ley superó el primer trámite con el rechazo del PP, que pidió su retirada, y de los principales socios del PSOE en el Congreso (ERC e IU-ICV), que presentaron dos enmiendas de totalidad con texto alternativo. CiU y PNV dijeron al Gobierno que no darán su apoyo a la ley si no se hace una revisión jurídica de las condenas dictadas tras la guerra civil.
Ante este escaso acuerdo, el presidente del Congreso, Manuel Marín, afirmó ayer que los ciudadanos reclaman más entendimiento al PSOE y el PP, y advirtió a los dos partidos de que "las cosas fundamentales es mejor hacerlas por consenso".
