Se puede decir más alto, pero no más claro. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que el Gobierno desea que "Batasuna vaya a las elecciones, pero para ello tiene que cumplir la ley de partidos". Esta advertencia tiene a estas alturas carácter de ultimátum. A pocas semanas de la presentación de candidaturas, el Gobierno ha hecho llegar el mensaje de que no habrá atajos, tesis compartida por medios judiciales.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario subrayan que la sucesora de Batasuna solo podrá concurrir a las elecciones de mayo si pasa por la ventanilla del Ministerio del Interior y opta por inscribir un nuevo partido en el que, de forma expresa, renuncie a la violencia. Antes del atentado de Barajas, las normas eran más flexibles y bastaba con que la formación proclamara que iba a defender su ideología por medios democráticos y parlamentarios.

LAS SALIDAS La izquierda aberzale es consciente de ese plus y ha iniciado un duro debate interno. Sin embargo, tiene pocas salidas. Esas fuentes apuntan que la sucesora de Batasuna puede optar por presentarse bajo las siglas de otras formaciones que tiene inscritas en Interior desde 1998 o el 2000. En ese momento, presentó esos partidos con un presidente y un junta directiva, pero si esas personas se han integrado en Batasuna, es probable que acaben en la sala especial del Supremo, que puede actuar de oficio para ejecutar la ilegalización de Batasuna.

Otra posibilidad es que vuelvan a recurrir a las agrupaciones electorales bajo una misma marca. Esa intentona ha sido rechazada en dos ocasiones por el Supremo y el Constitucional. Por último, también puede optar por esa vía, pero sin usar un mismo nombre. En ese caso, dificultaría el trabajo de los tribunales, pero Batasuna dejaría de ser una fuerza con nombre propio.

Los miembros de Batasuna son conscientes de que tienen la batalla perdida si su nueva lista acaba en el Supremo. En el caso de que el último en prometer su cargo sea el magistrado Luciano Varela, el sector progresista tendría mayoría. Pero el PP lucha para colocar en ese puesto a Manuel Marchena, que también ha sido nombrado magistrado de la sala penal del alto tribunal.

La fecha límite para la presentación de la nueva formación acaba a finales de este mes. Interior tiene un plazo de 20 días para examinar los estatutos del partido y dar su visto bueno. En el caso de que rechace la inscripción, se iniciaría un contencioso que puede prolongarse varios años. Las candidaturas para las elecciones de mayo se presentarán entre el 23 y el 25 de abril.

Precisamente ayer, Batasuna tildó de "intolerable" que la paz esté "a expensas de jueces y sentencias redactadas desde las cloacas políticas", en alusión al juicio por el sumario 18/98 contra el entorno de ETA celebrado en la Audiencia Nacional.