El Gobierno está ultimando una ambiciosa reforma de las Administraciones que supondrá un verdadero hachazo al entramado público. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya tiene sobre su mesa medidas concretas para que el Estado y también las comunidades autónomas adelgacen sus estructuras. Según fuentes de la Moncloa, estos cambios afectarán "a la propia cultura" de la Administración y a su funcionamiento.
En una conversación informal en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha explicado este miércoles que el Gobierno regulará a través de una ley básica la supresión de organismos. Los detalles se conocerán el 30 de junio, una fecha que piensa cumplir pero no adelantar pese a que dirigentes del PP como Esperanza Aguirre han apremiado al Ejecutivo para que acelere el adelgazamiento de las administraciones.
La vicepresidenta ha comentado que pese a que las autonomías han puesto la lupa sobre algunas instituciones, como los defensores del pueblo, figuras que recogen los estatutos, hay un número de empresas públicas que sí que son susceptibles de ser suprimidas. Santamaría ha añadido que en los casos en que las autonomías tengan la última palabra, el Ejecutivo se limitará a hacer "recomendaciones" o a llegar a "acuerdos" con ellas. Además, el PP, al frente de la mayoría de los gobiernos de las comunidades, esperan en marcar la senda y obligar de alguna manera al resto a recortar.
La número dos del Gobierno ha presidido este miércoles precisamente la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, una cita a la que no se han sumado las autonomías. Con las conclusiones de esta comisión en la mano, el Ministerio de Hacienda irá al grupo de trabajo que ha creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordarlo con las comunidades.
