En plena ofensiva del PP por cuenta de las instituciones y símbolos del Estado, el Gobierno lanzó ayer un nuevo pulso al primer partido de la oposición al anunciar el "desbloqueo definitivo" de la ley de la memoria histórica. La norma condenará con firmeza el franquismo y abrirá una vía a la revisión de las sentencias "manifiestamente represivas" de la dictadura. El portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, informó ayer de que la ponencia del proyecto legislativo se constituirá este mismo miércoles y se mostró convencido de que la ley se aprobará en esta legislatura.

El proyecto, presentado en la Cámara baja en julio del 2006, se encontraba congelado desde hacía siete meses, tras superar el debate de totalidad, por la dificultad del PSOE para lograr un acuerdo de mínimos con sus interlocutores. Los negociadores de los demás partidos temían que la fuerte presión del PP, que se opone frontalmente a la iniciativa, disuadiera al Ejecutivo.

"ESCEPTICISMO" Sin embargo, las intensas negociaciones llevadas a cabo en las últimos días por los socialistas con IU-ICV, CiU, PNV, BNG y CHA han logrado desencallar el proyecto. Tras la discusión en ponencia, el texto se debatirá --previsiblemente la próxima semana-- en la Comisión Constitucional de la Cámara baja y seguirá luego su trámite en el pleno del Congreso y el Senado. ERC, que se ha descolgado de las conversaciones por considerar que no satisfacen sus exigencias básicas, reiteró su "escepticismo", pero anunció que acudirá a la ponencia.

Los negociadores confirmaron el anuncio de desbloqueo, aunque señalaron que aún faltan por cerrar muchos flecos del texto. El negociador socialista, López Garrido, viene desarrollando las conversaciones a varias bandas, regateando con cada uno de los partidos hasta el signo de puntuación de apariencia más insignificante. En ese proceso, todos, con el PSOE a la cabeza, se han visto obligados a hacer concesiones. La ley se votará artículo por artículo, de modo que los grupos podrán apoyar a la carta los puntos que mejor se ajusten a sus posiciones.

La puja más intensa la ha librado López Garrido con el negociador de IU-ICV, Joan Herrera. Los ecosocialistas han conseguido introducir por lo menos tres puntos que consideraban irrenunciables: una condena firme del franquismo, la declaración de ilegitimidad de los tribunales y órganos franquistas creados con vulneración de los derechos fundamentales, y el compromiso de desarrollar políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica.

TENSIONES CON EL PCE "Esperemos que la ponencia visualice la reorientación de la ley", avisó ayer Herrera, consciente de que el acuerdo global no está cerrado. IU-ICV aún espera mejoras en el artículo 15, relativo a los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil y la dictadura. Gaspar Llamazares, coordinador de IU, se juega mucho con esta ley, ya que sus detractores dentro del Partido Comunista lo acusan de excederse en las concesiones. Llamazares defendió su apuesta y alegó que "el PCE de Dolores Ibárruri" estaría satisfecho con el preacuerdo.

Josep Antoni Duran (CiU) elogió la capacidad negociadora del PSOE, pero negó que exista un acuerdo global, "y menos con IU-ICV". Celebró que los socialistas hayan incorporado al proyecto el reconocimiento de que en la Segunda República hubo persecuciones religiosas "que nada tienen que ver con el franquismo y la dictadura" y que hubo jurados al margen de las instituciones "que se montaban en poblaciones y dictaron sentencias de muerte". El PNV opinó que el texto ha "mejorado considerablemente". Fuentes de la negociación señalaron que los nacionalistas vascos podrían recibir una compensación por su sede del exilio en París, que hoy alberga al Instituto Cervantes.