El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó este viernes que no se ha planteado subir la tarifa eléctrica en la revisión de enero y que tratará de buscar soluciones para que el déficit del sector no recaiga solo en los consumidores. En declaraciones a RNE, Soria afirmó que no prevé aprobar un incremento tarifario para enero y que su voluntad es reunirse con el sector para arreglar el 'grave problema' del déficit de tarifa, un desfase que supera ya los 22.000 millones de euros y que se ha generado al ser los ingresos vía recibo de la luz insuficientes para cubrir los costes del sistema.

'Hay que buscar fórmulas', según Soria, para que este déficit no recaiga en los consumidores. La tarifa de último recurso (TUR) que tienen más de 20 millones de clientes se compone prácticamente al 50% de dos grandes partidas: el coste de la energía y los peajes. En la subasta celebrada esta semana para fijar la primera partida, la electricidad se abarató en torno al 10%, un descenso que permite incrementar la otra parte --que sirve para remunerar los costes del sistema y contribuye a aliviar el déficit--, en un porcentaje similar para los consumidores domésticos sin incrementar la tarifa final.

Sobre el peso de las renovables en el mix energético español, el nuevo ministro afirmó que apuesta por estas fuentes que deben aumentar su peso. Soria adelantó también que no llevará ningún nombramiento de las secretarías de estado de su departamento al Consejo de Ministros. Sentencia del Supremo Pese a este planteamiento continuista del precio de la luz en España, el Supremo ha suspendido la decisión del Ministerio de Industria de rebajar los peajes de la luz en octubre para compensar el encarecimiento de la energía y, con ello, forzar una congelación de la tarifa eléctrica.

El auto, contra el que no cabe recurso, estima las pretensiones de Endesa e Iberdrola, que habían denunciado esta bajada de estos peajes, que son la variable donde se recogen los costes regulados del sistema eléctrico. En concreto, el Gobierno redujo un 12% esta parte del recibo para contrarrestar una subida del precio de la energía en parecida proporción. Vía libre a una subida del recibo El Supremo establece que deben aplicarse ahora los peajes anteriores, y nos los reducidos por la orden suspendida. La decisión judicial se produce a apenas unos días de que el nuevo Gobierno revise la tarifa de la luz en un contexto de bajada del 10% del precio de la electricidad y de subidas necesarias de un 30% en los peajes para contener la deuda eléctrica, según los cálculos del sector eléctrico.

El auto, emitido el 20 de diciembre, refuerza la posición ya expresada sobre este asunto por el Supremo, que recientemente también anuló el artículo de la orden ministerial con el que el Gobierno congeló la luz en julio del 2010. Esta medida había sido acordada por el ya exministro de Industria, Miguel Sebastián, y por el entonces coordinador de Economía del PP y ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El tribunal ha suspendido ahora varios preceptos de la orden ITC/2585/11 por el que se revisan los peajes a partir del 1 de octubre de 2011, entre ellos el artículo 1.2, donde se dispone 'la reducción de los términos de facturación de energía activa aplicable a los peajes 2.0A y 2.0DHA respecto de los anteriormente fijados'.

La suspensión responde a argumentos como que ya existen sentencias firmes que recogen la ilegalidad de la medida, que la tarifa de la luz debe reconocer todos los costes o que la decisión del Gobierno produce 'graves perjuicios tanto para la estabilidad del sistema eléctrico como para las empresas eléctricas afectadas', señalan las fuentes.

Junto a esto, el Supremo ha decidido suspender el artículo 5 de la misma orden, en el que la Administración posponía un pago relacionado con los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico correspondiente al 2011. En concreto, la orden establecía que esta partida no se contabilizara como coste del 2011, sino del 2012, lo que producía como efecto inmediato la devolución al sistema de 111 millones de euros que ya habían sido liquidados y cobrados por las empresas eléctricas en los primeros meses del año.