El pacto sobre la financiación sanitaria, forjado el sábado en la conferencia de presidentes para que mañana lo selle el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), es fruto de mucha cocina política. Consciente de que la cúpula del PP intentaría torpedear el acuerdo, el Gobierno ha negociado discretamente con algunos barones populares para dividirlos y abortar así el boicot promovido por el líder conservador, Mariano Rajoy. Fuentes oficiales apuntan que los presidentes de Baleares, Jaume Matas, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, han sido los más reacios al boicot, incluso en sus declaraciones públicas.
El PP logró el sábado que sus presidentes autonómicos --Baleares, Valencia, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja y Navarra-- no dieran el sí definitivo a la oferta de José Luis Rodríguez Zapatero para mejorar la financiación sanitaria: una ayuda anual de 1.700 millones de euros y otros 1.300 en anticipos. Pero la pretensión de Rajoy, como había avanzado él mismo, era otra: forzar el aplazamiento de la cumbre o, en su defecto, que se saldase con un disenso total. Ni una cosa ni la otra logró el PP, cuyos barones criticaron a Zapatero pero reconocieron al tiempo que firmarán el acuerdo para obtener los fondos del Estado.
LOS CONTACTOS La tibia reacción de los presidentes autonómicos del PP tiene su origen en julio. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, bajo la supervisión del vicepresidente Pedro Solbes, inició entonces los contactos con los consejeros de Economía del PP para conocer sus demandas sobre la financiación sanitaria.
Recabadas todas las opiniones, el Gobierno constató que las comunidades del PP más afectadas por la presión de la inmigración sobre el gasto sanitario eran Baleares, Valencia y Madrid. Las aspiraciones de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de suceder a Rajoy al frente del Partido Popular llevaron al Ejecutivo a centrar sus esfuerzos negociadores en el balear Matas y el valenciano Camps.
La táctica de Sevilla era un calco de la que él mismo sufrió en la oposición. Como portavoz económico del PSOE, en el 2001 intentó aunar las posturas de las comunidades socialistas ante la reforma de la financiación autonómica. Pero el ministro Cristóbal Montoro le ganó por la mano: había cerrado acuerdos bilaterales con casi todas ellas.
Eso mismo ha hecho Sevilla. Al consejero balear Lluís Ramis le prometió fondos específicos para atender a residentes extranjeros y los gastos de insularidad. El presidente Matas, al conocer la primera y escasa oferta de Solbes, evitó criticarla y la achacó a una "estrategia de negociación".
LA POSTURA VALENCIANA Al consejero valenciano Gerardo Camps, con quien Sevilla llegó a hablar la víspera de la conferencia de presidentes, se le había ofrecido prorrogar la garantía sanitaria en función del PIB y compensar los accidentes laborales no cubiertos por mutuas. Lo que explica que el pasado miércoles, cuando Solbes desgranó estas medidas ante el CPFF, Camps hiciera una "valoración positiva" de la propuesta y la definiera como un "posible punto de encuentro".
CASTILLA Y LEON AVANZA EL ´SI´ Estas diversas sensibilidades han aflorado aún más tras la cumbre autonómica. Si el sábado Aguirre admitía que Madrid firmará el pacto --"a caballo regalado no le mires el diente", ayer el castellanoleonés Juan Vicente Herrera se declaró "persuadido" de que mañana habrá acuerdo.
La misma convicción expresó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), seguro de que los barones populares no acatarán los dictados del partido. Sin embargo, el popular Angel Acebes condicionó el acuerdo a que no haya "privilegios" para ningún territorio ni tampoco "criterios discrecionales".
