El fin de la impunidad. El Gobierno aprobó ayer una reforma del Código Penal para que los delincuentes más violentos, los terroristas y los violadores sepan que su deuda con la sociedad no terminará cuando cumplan la condena, sino que durante 20 años estarán sometidos a todo tipo de controles para impedir que vuelvan a delinquir. La reforma, que cuenta con el apoyo del PP, inicia su andadura en el Parlamento y después tendrá que pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, fue rotunda a la hora de justificar los cambios. "La reforma es un mensaje claro para los violentos: no hay ni habrá resquicio para la impunidad". También explicó que el Ejecutivo quiere ofrecer "tranquilidad y seguridad a los ciudadanos". El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, abundó en la misma tesis. "Es un conjunto de medidas que tienen como finalidad una reinserción paulatina en la sociedad", aclaró.

LAS OBLIGACIONES La reforma más dura se aplicará a los terroristas y delincuentes sexuales. Con ella se responde a la "incapacidad" de estos delincuentes para rehabilitarse en prisión. Por ello, una vez que hayan cumplido las condenas, se les impondrá una "libertad vigilada" que les obligará a estar siempre localizables, comunicar cualquier cambio de domicilio, no aproximarse a sus víctimas o a los familiares de estas, no acudir a determinados establecimientos y no residir en determinados lugares.

Tampoco podrán desempeñar actividades que puedan aprovechar para cometer delitos similares y deberán participar en programas formativos, laborales, culturales y de educación sexual. Este tipo de pena durará de 10 a 20 años para las condenas graves y de uno a 10 para las menos graves. No obstante, este castigo quedará sin efecto si el preso presenta un buen pronóstico de reinserción.

Además, el Gobierno ha optado por declarar la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo en los casos de asesinato y secuestro. También aclara, de una vez por todas, la prescripción para el resto de las figuras penales que ahora están muy cuestionadas por los criterios diferentes que aplican el Tribunal Constitucional y el Supremo. Con la reforma queda claro que los delitos permanecen vigentes cuando el juez realice alguna diligencia o cuando se presente una denuncia o querella "contra una persona determinada".

Otra de las novedades afecta a los delincuentes sexuales, que serán severamente castigados, tal y como exige la sociedad, según Bermejo. Se aplicará una agravante, penada con hasta 15 años de prisión, para los que atenten contra menores "con escaso desarrollo intelectual y físico" o cuando el niño sea menor de 4 años. También se obligará a estos delincuentes a cumplir la mitad de la condena para acceder al tercer grado. Asimismo, se castigará la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos. Y a los clientes que participen en la prostitución de un menor.

EMPRESARIOS La reforma abarca otros ámbitos, como el empresarial, urbanismo, trata de seres humanos, asociación de malhechores y corrupción. La norma castigará a las autoridades y funcionarios públicos que "silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones".

Otro cambio importante afecta al plazo de prescripción de los delitos fiscales y contra la Seguridad Social. Hasta el momento, esta figura prescribía a los cinco años. Sin embargo, ahora se amplía a 10 para evitar que quede impune este tipo de delito "por la imposibilidad técnica de su detección y comprobación".

La reforma también alcanza a la red. El Gobierno quiere castigar a las personas que obstaculicen el funcionamiento de un sistema de información ajeno o a las que accedan a él para revelar datos. Asimismo, las empresas tendrán que mejorar sus códigos de conducta al crearse el delito de soborno entre particulares y la estafa de inversores, que se cometerá cuando las empresas falseen sus datos contables para captar ahorradores.

CONTRA LOS PIRATAS El renacimiento de los piratas, sobre todo en Somalia, también ha comportado que el Ejecutivo haya decidido introducir un delito eliminado en anteriores reformas porque había caído en desuso. Así, el nuevo código castiga con penas de entre 10 y 15 años el delito de piratería. Así, si un grupo organizado decide secuestrar un pesquero español, como sucedió con el Playa de Bakio, y es detenido por la fuerza europea que se desplegará en el Indico, podría ser juzgado en España.