El Gobierno central ha propuesto hoy un tope para financiar el sobrecoste de la asistencia jurídica gratuita con dinero procedente de las tasas judiciales, que las comunidades autónomas en general han considerado insuficiente.
Esta es una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia sectorial, que ha presidido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ante la ausencia del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, convaleciente del accidente doméstico que sufrió ayer en el que se rompió dos costillas.
El ministerio se ha comprometido a asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá a las comunidades la aplicación de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita, en la que se ha ampliado el número de beneficiarios.
Para garantizar una aplicación equitativa de la norma se prevé un incremento máximo de la aportación de cada comunidad y como referencia se toma la variación media de aquellas que no tienen transferidas las competencias de justicia (estimado en el 0,47%) y se establecerá que las aportaciones que reciba el resto pueden alcanzar el triple de ese porcentaje de variación (1,41%).
En la reunión de hoy han participado los consejeros de las comunidades con competencias transferidas, que son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
Durante el encuentro los representantes ministeriales han explicado a los autonómicos que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias en materia de justicia por lo que el Ministerio estima que cualquier aportación indiscriminada implicaría doble financiación.
