Como antes de la tregua de ETA, el Gobierno se ha estrellado contra una muralla de incompresión al impugnar las listas contaminadas por la ilegal Batasuna. Las soflamas del PP --Acción Nacionalista Vasca (ANV) es ETA y hay que ilegalizarla-- llegan con más nitidez al ciudadano que el abstruso discurso jurídico del Ejecutivo. Salvados los escollos del Tribunal Supremo y el Constitucional, el Gobierno se apresta a enfatizar su mensaje: ANV no es un brote de Batasuna, pero será ilegalizada si esta intenta engullirla.

"Avisamos a Batasuna de que solo estaría en las elecciones si cumplía la ley de partidos. Intentó esquivarla con un nuevo partido Abertzale Sozialistak Batasuna (ASB) y anulamos sus listas. Luego logró colarse en 133 candidaturas de ANV, pero también las anulamos. Aunque saque pecho, Batasuna ha fracasado en su objetivo de estar en estas elecciones", expone un ministro enfrascado en la ardua tarea de neutralizar las maniobras de la izquierda aberzale.

LA AÑAGAZA DE OTEGI Que Batasuna se afane a pedir el voto para las listas de ANV salvadas de la quema es solo otra añagaza de Arnaldo Otegi y los suyos, según este miembro del Gobierno. "Necesitan fingir que han ganado la batalla, pero ningún dirigente de Batasuna será candidato", sentencia. Diego López Garrido (PSOE) remacha que tan "patéticas" son las "bravuconadas" aberzales como que el PP les sirva de "altavoz".

La petición de voto para ANV por parte de Batasuna constituirá "un indicio adicional" para, eventualmente, promover su futura ilegalización, en palabras del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Pero ni el fiscal ni el abogado del Estado adoptarán tal medida antes del 27-M.

Primero, porque una organización terrorista puede pedir el voto para cualquier partido --incluso para el PNV o el PSE-- sin por ello convertirlo, a su vez, en terrorista. Segundo, porque ya no daría tiempo a disolver ANV ni a excluirla de las urnas. Y tercero, porque una demanda de ilegalización requiere elementos probatorios que solo el paso del tiempo permitirá acumular.

El elemento clave, el que ha librado a ANV de la ilegalización, es el rechazo a la violencia, presente en sus estatutos desde 1977. Pero fuentes oficiales advierten de que esta salvaguarda quedará en entredicho si sus representantes locales no repudian el terrorismo cuando tengan ocasión de hacerlo. Y la tendrán tan pronto como el PP presente en ayuntamientos mociones de condena de un atentado o un acto de kale borroka.

El otro riesgo a conjurar, según las fuentes consultadas, es que Batasuna se apodere de ANV hasta el punto de ocupar su dirección. La policía y la Guardia Civil someterán a vigilancia este partido y, si tal cosa sucede, la fiscalía solicitará primero al juez que suspenda sus actividades por la vía penal, y a continuación, de la mano del abogado del Estado, instará la ilegalización ante la sala del 61 del Supremo.

MARCA PROPIA Sin embargo, el Ejecutivo duda de que Batasuna se sirva de ANV como pista de aterrizaje para regresar a la legalidad sorteando la ley de partidos. Más bien sospecha que se olvidará de estas siglas --como ya hizo con las del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK)-- una vez le hayan valido como receptáculo de sus votos, y que en futuras contiendas electorales tratará de presentarse, de nuevo, con una marca propia.

Entretanto, el Gobierno espera que la irrupción --tras 30 años de letargo-- de una fuerza independentista que condena la violencia ayude a combatir el victimismo aberzale y a debilitar al entorno de ETA, al evidenciar que la democracia ampara cualquier ideología si se defiende sin el paraguas terrorista. La eventual llegada al Gobierno navarro de Patxi Zabaleta, que rompió con Batasuna tras renegar de ETA, sería otra buena muestra de ello.