La ley del suelo, la iniciativa estrella del Gobierno para abaratar el precio de la vivienda y luchar contra la corrupción urbanística, superó ayer su primer trámite parlamentario, a pesar del veto del PP y de CiU y de la abstención del PNV en la votación del Congreso de los Diputados.

Todas la formaciones, salvo el Grupo Socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de rechazar el texto completo.

Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.

COEXISTENCIA DE MODELOS Pese a que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, adelantó en su comparecencia que el proyecto de ley de suelo supone un "marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos", y que supone un "uso innovador de los títulos competenciales", los grupos centraron sus críticas en la supuesta vulneración de competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

Asimismo, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios aseguraron que la ley de suelo no podrá acabar con los casos de corrupción. En este punto, el portavoz de ERC, Josep Andreu Domingo, afirmó que la corrupción está "intrínsecamente alejada tanto de la ley del PP de 1998, como del actual proyecto", mientras que el portavoz del Grupo Popular, Pablo Mato, indicó que el texto propuesto no contempla ningún artículo que especifique cómo se llevará a cabo el control de la corrupción.

"NO ES PERFECTA" En su defensa del proyecto legislativo, la ministra Trujillo admitió que la iniciativa "no es perfecta", pero exhortó a las fuerzas parlamentarias a apoyarla para no transmitir a la opinión pública el mensaje de que "las cosas están bien como están". Trujillo insistió en la disposición del Gobierno a buscar soluciones a lo largo de la tramitación parlamentaria en aras a lograr el máximo de apoyos a una ley que calificó de "necesaria" para atajar uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos.