La cara de Alfredo Pérez Rubalcaba lo decía todo. El temor por los efectos inmediatos del fallo judicial que obliga al etarra Iñaki de Juana Chaos a seguir en prisión y la posibilidad de que el reo muera lejos de su domicilio complica el futuro al Gobierno. Durante una entrevista en Barcelona TV, el ministro del Interior se refugió en su cargo para rehusar pronunciarse sobre la resolución de la Audiencia Nacional. Pero fuentes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reconocieron que temen un rebrote de la kale borroka, una radicalización de las posiciones de la izquierda aberzale y presiones del colectivo de presos etarras. Un alejamiento, en fin, de la posibilidad de avanzar hacia el fin de la violencia.

Oficialmente, el Ejecutivo optó por la respuesta de manual para declarar que respeta el auto. Pero con un "se acata y punto", Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, dejó entrever cuánto le cuesta al Gobierno tragarse este sapo. Rubalcaba adujo la obligación de respetar la resolución, y no dejó de señalar que "había otras posibilidades", igualmente legales, que "podían haber" adoptado los jueces. Es decir, que el Ejecutivo hubiera preferido que los jueces se aislaran del ambiente político que rodeaba su decisión para adoptarla en frío.

Con el auto en la mano, al Ejecutivo no le queda más remedio que afrontar sus consecuencias. Por lo pronto, Instituciones Penitenciarias ya se prepara para atajar cualquier conato de rebeldía en el colectivo de presos etarras, desde protestas hasta nuevas huelgas de hambre.

Lejos del comedimiento público del Ejecutivo, los socialistas optaron por blandir el fallo de la Audiencia como un ariete contra el PP y la izquierda aberzale. A los populares les restregaron que sus denuncias sobre la supuesta manipulación de la justicia por parte del Ejecutivo solo son insidias sin fundamento. Y a los radicales vascos les lanzaron un aviso rotundo: la situación de los presos irá a peor si no condenan la violencia.

En las antípodas de la preocupación gubernamental se situó el Partido Popular, que celebró la resolución judicial y consideró que "desautoriza" a Zapatero y al fiscal general del Estado, a quienes atribuye "intentos" de saltarse la ley para favorecer que De Juana siguiera en prisión preventiva, pero en su domicilio. "Me he llevado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos", dijo Mariano Rajoy en Barcelona, una hora después de conocer la noticia.

El jefe de la oposición opinó que una decisión así --junto al fallo del Supremo que calificó de organizaciones terroristas a Jarrai, Haika y Segi-- es lo que realmente "une a los españoles contra el terrorismo". "Me siento reconfortado no como dirigente político, sino como español", repitió en varias ocasiones. Rajoy dijo que De Juana estaba haciendo un "chantaje evidente" al Estado, y que la decisión de la Audiencia "desautoriza a todos aquellos que hicieron lo posible para que no se cumpliera la ley".

Justicia o venganza Del resto de fuerzas políticas, solo el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, renunció a valorar el fallo y pidió al resto de partidos que siguieran su ejemplo. No tuvo éxito, pues ERC e IU criticaron abiertamente una resolución que juzgaron "más vengativa que justa".

Agustí Cerd , de ERC, declaró que "respeta pero no comparte" la decisión de la Audiencia Nacional, porque no ha tenido "gesto humanitario" con un reo en una situación médica "extrema". Cerd recordó que De Juana está en prisión provisional por "dos artículos" publicados en el diario Gara. En la misma línea, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, lamentó que la Audiencia no lograra combinar "justicia y humanidad".