Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a dos empresarios de Navarra por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la investigación derivada de la desarticulación de una trama de extorsión de ETA, según fuentes relacionadas con la investigación. Al parecer, los dos detenidos, responsables de una empresa de construcción, pagaron nueve millones de pesetas a ETA, víctimas de la extorsión de la banda. El magistrado de la Audiencia Nacional les acusa de un delito de colaboración con organización terrorista.

Ayer por la noche no se había hecho pública la identidad de los dos detenidos y los motivos concretos que dieron lugar a la orden del juez, aunque otras fuentes apuntaron que los arrestos podían estar relacionados con el hallazgo en el domicilio de Bayona de José Luis Cau, uno de los presuntos implicados en la trama de extorsión, de dos documentos tipo recibo de pago, en los que la banda reconocía haber percibido dinero de dos empresarios a los que agradecía el pago. En los documentos figuraban los nombres de las dos personas que, supuestamente, habían pagado a la banda.

En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra estos dos empresarios, serían las primeras que se aplican desde que hace dos años el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de cantidades que sumaron un total de 222.374 euros. Con todo, otras fuentes apuntan que los dos detenidos podrían ser puestos en libertad el lunes, al considerar que se trata de víctimas y no de sujetos activos en alguna trama.

Marlaska tomó ayer declaración a José Carmelo Luquín Bergara, el segundo de los cinco detenidos en España en la operación contra el aparato de extorsión de ETA del martes, y aplazó hasta hoy las tres comparecencias restantes. Según fuentes judiciales, el interrogatorio de Luquín, arrestado en Santa Pola (Alicante), comenzó a las 19.20 horas, pese a estar fijado para las 17.30, debido a que la abogada de oficio llegó tarde. La fiscalía tenía previsto solicitar el ingreso en prisión de Luquín, según fuentes del ministerio público. Al final, Marlaska decretó prisión incondicional.