El presunto fraude en los censos de algunos pueblos pequeños de Castellón dio ayer un salto cualitativo. A partir de ahora no solo serán los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) los que comprueben la veracidad de los censos, sino que la Guardia Civil visitará uno a uno a cada nuevo vecino para cerciorarse de que detrás de su inscripción como votante no existe la intención de pervertir el resultado electoral del 27 de mayo.

Así lo ha ordenado la Delegación del Gobierno central, tras la decena larga de denuncias presentadas por el PSPV, Esquerra Unida y el Bloc Nacionalista al observar cómo localidades del interior de Castellón gobernadas por el PP veían aumentado el número de vecinos y, por tanto, de votantes hasta un 50% en el último medio año.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, no ha querido dar ningún tipo de detalles de las actuaciones policiales pero fue rotundo al "condenar cualquier práctica destinada a obtener un resultado electoral de forma anormal" y se mostró dispuesto a "trabajar para erradicarlas".

ARGUMENTOS DE DEFENSA El presidente del PP y de la Diputación, Carlos Fabra, señalado como el instigador del presunto fraude en un intento de garantizarse la reelección, lo niega todo. Ayer recurrió al mismo argumento que utiliza para defenderse de las imputaciones por corrupción en que está envuelto y que se encuentran en vía judicial de instrucción.

Según Fabra, se trata de una persecución política. "Todo lo paga el mismo. Nosotros no tenemos nada que esconder y pediremos al INE que explique por qué solo se investiga al PP y no a los pueblos gobernados por los socialistas como Almenara, L´Alcora, Onda y Moncofa", esgrimió el líder popular. El director del INE en Castellón, José Vicente Espí, se apresuró a aclarar que el PP solo ha presentado denuncia en el pueblo de Almenara y que el organismo la desestimó ante la falta de fundamentos.

EL PP INSCRIBE EN LANJARON Por otra parte, el censo de Lanjarón (Granada) aumentó un 4% en solo tres días con la incorporación de 168 nuevos vecinos, 111 de los cuales son de origen español con derecho a votar, de los que 45 tienen relación con el alcalde, José Rubio (PP). La mayor parte de estas solicitudes fueron presentadas en el registro municipal por la secretaria local del PP, Sonia Gutiérrez.

Aunque la ley establece que el mecanismo del registro censal es estrictamente personal, el ayuntamiento no puso pegas. Más problemas hubo para conocer la lista de vecinos, que no fue expuesta hasta que la Junta Electoral se lo ordenó de forma taxativa al alcalde del municipio.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, pidió ayer al Partido Popular que "se tranquilice" y que siga "las reglas del juego".