El Gobierno de Juan José Ibarretxe llamó ayer a los vascos a defender "con contundencia" la libertad de asociación y el pluralismo político, en alusión a la ilegalización de Batasuna, aunque eludió aclarar si promoverá alguna acción.
"La ilegalización no es la solución", dijo el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz. Además de recalcar que la prohibición de Batasuna no conllevará ni la paz, ni el fin de ETA, Imaz pronosticó que será "ineficaz" para aliviar a los que viven amenazados y que "dará oxígeno" a los que estaban "en fase terminal".
Opinó que el Tribunal Supremo "debilita" la democracia y sentenció que se "ha amputado de la sociedad" una alternativa ideológica que, aunque coincida con los fines de la banda terrorista, "no ejerce el terrorismo". El portavoz del Ejecutivo vasco confirmó que el Gobierno de Ibarretxe recurrirá la ley de partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
UNA ALTERNATIVA
A pesar de que el PSOE se sumó a la petición para ilegalizar Batasuna, el alcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza, consideró ayer "conveniente" que los aberzales radicales puedan concurrir a las elecciones mediante un nuevo partido o a través de plataformas que tengan "total autonomía respecto de ETA". Así, dijo, se podría medir el apoyo que le dan los vascos.
El presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, opinó que la ilegalización de Batasuna pretende "alterar" el mapa electoral vasco, mientras que Jaime Mayor Oreja (PP) celebró "el final de la impunidad del verdugo".
REDITOS ELECTORALES
El dirigente del partido ilegalizado Pernando Barrera cargó ayer contra el PNV y EA, a los que tildó de "nacionalistas tibios que (ante la prohibición judicial de Batasuna) miran hacia otro lado y sólo piensan en réditos electorales y lo más audaz que se les ocurre hacer es un recurso judicial".
El Parlamento vasco no actuará contra el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, denominación sucesora de Batasuna. La Mesa de la Cámara celebró ayer una reunión ordinaria en la que no tramitó ni debatió ningún asunto vinculado con la ilegalización de partido.
La Cámara considera que la cuestión quedó zanjada el pasado año, cuando el propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, diferenció en un informe que partido y grupo parlamentario son dos "realidades distintas" y con diferente "legitimidad". Este texto avaló la negativa del Parlamento vasco a disolver el grupo de Arnaldo Otegi cuando el magistrado Baltasar Garzón suspendió la actividad de Batasuna. Fuentes parlamentarias argumentaron ayer que la ley de partidos políticos "no prevé que se derive automáticamente la disolución de un grupo parlamentario cuando se disuelva su partido".
