Tras varias semanas sin ETA en los titulares de actualidad y con la izquierda aberzale dividida entre partidarios y detractores de la vía pacífica, la policía asestó ayer un nuevo golpe a quienes considera integrantes del sector duro del independentismo radical, defensores de continuar con la lucha armada. 34 jóvenes de la ilegalizada organización Segi, la rama juvenil de Batasuna, fueron detenidos en la madrugada del lunes al martes en varias poblaciones del País Vasco y Navarra. El Ministerio del Interior dio la máxima trascendencia a la redada y sentenció que, con ella, ha sido descabezada la futura dirección de la banda terrorista, la «cantera» de ETA.

El despliegue policial fue el mayor utilizado en los últimos años y muestra la envergadura de la operación. Participaron en el operativo más de 650 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil coordinados por el juez Fernando Grande Marlaska, que se desplazó a Euskadi junto a dos fiscales y la cúpula policial. Además de los arrestos, la policía registró también 92 viviendas, bares, gaztetxes (sedes juveniles radicales), herriko tabernas (sedes sociales de la izquierda aberzale) y asociaciones vecinales.

ABUNDANTE MATERIAL / En los registros se hallaron pegatinas, propaganda y publicaciones de ETA, bombonas de cámping-gas, gasolina, ácido, guantes, recipientes y manuales para la elaboración de artefactos explosivos e incendiarios, además de 6.000 euros en sobres y anotaciones manuscritas con placas de matrícula. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que las detenciones conllevan la «casi total desarticulación» de las estructuras clandestinas de Segi y constituyen un «golpe de impacto» a su financiación y estructura logística. Las fuerzas de seguridad consideran también que Segi pretendía reforzar su estructura, aumentando las captaciones de nuevos militantes y ampliando su permanencia en la organización

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, tras este golpe al entorno de ETA, Rubalcaba evitó cualquier alusión a la eventual debilidad de la banda. Meses atrás, otras operaciones policiales antiterroristas fueron replicadas por parte de la banda con algunos atentados mortales, como los que costaron la vida al inspector de policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) o a dos guardias civiles en Palma de Mallorca.

En todo caso, la macrooperación contra la rama juvenil de Batasuna coincide con una ofensiva de algunos sectores de la izquierda aberzale por el establecimiento de un proceso negociador entre ETA y el Gobierno español para intentar la resolución del conflicto vasco. Ayer, el tono que empleó el mundo radical fue bastante más contundente. Trasladó su «solidaridad» a los jóvenes detenidos y exigió su puesta en libertad, al tiempo que se mostró «preparado» para «desarrollar una confrontación política con el Estado».