El 11 de marzo del 2004, Madrid experimentó la mayor matanza que ha sufrido Europa desde la segunda guerra mundial, con 192 muertos y más de 1.500 heridos. El juez Juan del Olmo no alberga dudas sobre la autoría del Al Qaeda, pero en el auto de procesamiento, que prevé dictar antes del 10 de abril, deberá contestar algunas preguntas sobre la planificación de la masacre que, dos años después, siguen sin respuesta: ¿Por qué se perpetraron los atentados en puertas de unas generales? ¿Quién ideó y ordenó su ejecución?
A las 7.39 de la mañana de aquel jueves estallaron 10 mochilas bomba en cuatro trenes de cercanías que unían el corredor del Henares con la estación de Atocha de Madrid. La brutalidad de los atentados conmocionó a toda España, y su gestión informativa, que el Gobierno del PP atribuyó pertinazmente a ETA para desvincularlo de su apoyo a la guerra de Irak, propició la victoria electoral del PSOE tres días después.
Transcurridos dos años, numerosos interrogantes sobre la masacre han sido aclarados, pero la prolija investigación judicial aún no ha despejado algunas incertidumbres.
LA AUTORÍA
¿Quién perpetró la matanza de Madrid?
Del Olmo sostiene que el 11-M fue perpetrado por una estructura local del terrorismo internacional que mantenía contactos con Bélgica, Francia e Italia. Ese grupo era muy activo, ya que desarrolló labores de propaganda radical y captó a muyahidines para enviarlos a Irak. También tenía capacidad para crear otras células en Europa. Este grupo se nutrió de miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) para facilitar el traslado, cobijo y protección de los autores de la matanza al entregarles documentos y dinero para huir.
La célula que cometió la matanza de Madrid estaba dirigida por el antiguo miembro del GIA (Grupo Armado Islámico) Allekema Lamari que salió de la cárcel por un error judicial en el 2002. Bajo su emirato se situaron Serhane ben Abdelmajid, el Tunecino , considerado el coordinador de los atentados, su lugarteniente Jamal Ahmidam, el Chino , Abdenabid Kunjaa, Asri Rifat y los hermanos Mohamed y Rachid Aulad. Todos ellos se suicidaron el 3 de abril del 2004 en Leganés.
Además, el supuesto autor intelectual de este célula era Rabei Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio , que fue detenido en Milán en junio del 2004. En unas conversaciones interceptadas por la policía italiana confesaba a un amigo: "Los que han muerto como mártires en Madrid eran mis queridísimos hermanos, ése era mi proyecto, un proyecto que me costó mucha paciencia. Me llevó dos años y medio".
LA RELACIÓN CON ETA
¿Hubo vínculos entre islamistas y etarras?
ETA ni participó en los ataques ni colaboró con los terroristas islamistas que cometieron la matanza de Madrid. Esa es la conclusión a la que ha llegado Juan del Olmo. El magistrado ha solicitado informes policiales sobre esa cuestión a los servicios de información nacionales y extranjeros. También ha pedido apoyo a sus colegas europeos para desmontar una tesis que todavía mantiene, en solitario, el PP.
En la comisión de investigación, el juez Baltasar Garzón consideró "metafísicamente imposible" una colaboración entre etarras e islamistas. Coincidieron con esa tesis el entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, y los mandos policiales que participaron en las detenciones de los principales imputados.
Pese a todo, el PP aún defiende la hipótesis de la participación de ETA, una postura que defendió hasta el último momento el Gobierno de Aznar. Los conservadores preguntan por qué no se han investigado a fondo las "andanzas" del imputado Jamal Ahmidam, el chino , en el País Vasco y su "posible conexión" con ETA. También exigen confirmar la veracidad del informe de un confidente policial, que afirmó haber oído al dirigente etarra Josu Ternera decir poco antes del atentado la siguiente frase: "Se van a enterar los españoles de lo que somos capaces de hacer".
LA PREVENCIÓN
¿Faltó previsión ante la “nueva amenaza”?
La comisión del 11-M puso al descubierto fallos inquietantes en la lucha contra el terrorismo islamista. Algunos de los imputados de la masacre habían sido informantes de la policía o la Guardia Civil, o eran controlados de cerca por ambos cuerpos de seguridad, lo cual no evitó la matanza. La comisión parlamentaria achacó esos fallos a la falta de atención que el Gobierno de Aznar prestaba al terrorismo islamista, pese a que contaba con informes del CNI, la policía y la Guardia Civil que alertaban sobre la "nueva amenaza".
Ese desinterés gubernamental se tradujo en una falta de coordinación de las investigaciones que llevaban a cabo diferentes unidades de un mismo cuerpo policial y en la ausencia de una puesta en común de las informaciones que se conseguían. Por ejemplo, no se prestó atención a la conexión entre grupos de terroristas islamistas y redes de delincuencia común en España.
La comisión del 11-M destacó que España no tenía medios suficientes frente al extremismo islamista. La escasez de agentes especializados en este fenómeno o la falta de traductores al árabe quedaron en evidencia en la investigación de la masacre.
LOS EXPLOSIVOS
¿Quién está detrás de la ‘trama asturiana’?
La matanza del 11 de marzo en Madrid desveló el escaso control que había en España en las minas que utilizan explosivos. El confidente de la Guardia Civil Rafá Zuhier, un delincuente de poca monta, puso en contacto a Jamal Ahmidam, el Chino, con el exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, a su vez confidente de la policía.
La Audiencia Nacional condenó en noviembre del 2004 a Gabriel M.V., el Gitanillo, a seis años de internamiento en un centro de menores por haber robado y transportado los explosivos empleados en la matanza. Según su relato, ayudó a Suárez Trashorras a robar el explosivo junto a tres terroristas suicidas el 27 de febrero del 2004 en la mina Conchita, próxima a Avilés. El explosivo fue cargado en el maletero de dos coches y trasladado a Madrid.
El PP considera que esta red de suministro ilegal de explosivos podría constituir una vía de investigación sobre la hipotética conexión de los terroristas islamistas con ETA. Los populares preguntan por qué no se ha adoptado "ninguna actuación" para depurar las responsabilidades ante el "falso testimonio prestado por algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en relación con la investigación de la denominada trama asturiana.
La comisión del 11-M consideró que esta trama era una red de delincuentes que vendían al mejor postor explosivos robados de las minas, pero no observó ninguna relación con la banda etarra. Los comisionados dictaminaron que existía en España un "descontrol" en materia de explosivos y recomendó adoptar medidas legales para garantizar en el futuro una mayor seguridad al respecto.
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