El juez José Castro Aragón, que instruye el caso Palma Arena, sostiene en los autos de entrada y registro de diversas entidades que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres, presuntamente utilizaron empresas para "apoderarse de fondos" que recibía el Instituto Nóos, del cual los dos han sido presidentes. Las sospechas del magistrado y la Fiscalía Anticorrupción es que se creó "un entramado societario" a través del cual se "desviaban los fondos públicos y privados" que recibía este instituto, "apoderándose" de los mismos.
Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el presunto desvío puede ser de los 2,3 millones de euros que en el 2005 y el 2006 entregó el Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas a la fundación, aunque la investigación se ha extendido a Valencia. La policía precisamente recogió el lunes en las sedes de la Conselleria de la Presidència del Gobierno valenciano y de la Ciutat de las Artes y las Ciencias documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.
La operativa, al entender del juez y de la fiscalía, consistía en que en el Instituto Nóos se fijaban unos precios "desproporcionados" por los servicios que prestaba a la Administración, y, tras recibir los fondos, simulaba la contratación ficticia a las empresas del entramado. Tanto Urdangarín como su socio mantuvieron contactos con el Gobierno balear para firmar dos convenios de colaboración para organizar un congreso internacional.
