La investigación de la denominada causa de los trajes --en la que están implicados por cohecho impropio varios miembros del Gobierno valenciano, con Francisco Camps a la cabeza, y que forma, junto con la presunta financiación ilegal del PP, la rama valenciana de la trama Gürtel -- ha finalizado tras casi dos años.

El juez instructor del caso, José Flors, notificó ayer a las partes --a través de una providencia, en la que también informó a la acusación popular y al ministerio fiscal-- de que disponen de cinco días hábiles para presentar sus conclusiones provisionales. Cuando se agote ese plazo, la defensa dispondrá de otros cinco días para presentar alegaciones.

Tras escuchar a ambas partes, Flors decidirá si archiva la causa o si, por el contrario, fija una fecha para la vista oral, lo que sentaría al presidente valenciano en el banquillo de los acusados.

Tras hacerse pública la noticia, Camps atendió a los medios, algo muy poco frecuente, aunque, fiel a su estilo, no aceptó ninguna pregunta de los periodistas. Simplemente reiteró su inocencia y cargó contra la Fiscalía General del Estado.

"La fiscalía tiene la gran oportunidad de demostrarnos que va a aplicar la misma vara de medir independientemente de si se es militante del PP o del PSOE", afirmó. Según el dirigente conservador, las pruebas practicadas en la instrucción han dejado patente que tiene "toda la razón". En este sentido, Camps exigió que se le aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves ", en referencia a los casos en los que se han visto involucrados el presidente del Congreso y el vicepresidente tercero del Gobierno y que han sido archivados, ya que, según él, son situaciones similares.

De Cándido Conde-Pumpido dijo que es el fiscal "del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero". Pero Pumpido no es el único miembro del ministerio pú- blico al que el Ejecutivo de Camps tiene enfilado. De hecho, la semana pasada, los populares acusaron a Ricard Cabedo, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, de connivencia con la policía, después de que coincidiera en un restaurante con tres agentes el mismo día en que estos habían declarado en la causa que se sigue contra Angel Luna, portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico.

CRITICAS POLITICAS Los fiscales jefe provinciales ya mostraron entonces su disgusto por el hecho de que se critique al ministerio público con fines políticos y añadieron que "lo preocupante sería que se le relacionara con criminales".

Por su parte, Luna se mostró convencido de que Camps se sentará en el banquillo, pero también de que eso no ocurrirá hasta que hayan pasado las elecciones autonómicas y municipales de mayo. En su opinión, el presidente de la Generalitat valenciana hará todo lo posible por dilatar el procedimiento.