Los magistrados del Tribunal Constitucional han recuperado la vía epistolar para enfrentarse a la crisis que ha desatado el cruce de recusaciones a cinco de sus jueces para evitar que se pronuncien sobre la ley que permite prorrogar el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, hasta que cese como jueza.
Los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata echaron ayer más leña al fuego con dos votos particulares a la providencia que da tres días al Gobierno y al PP para que expresen su opinión sobre las recusaciones planteadas contra ellos por el Ejecutivo y las formuladas por el PP contra los jueces progresistas, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.
CONVERSACIONES PRIVADAS Las recusaciones se apoyan en informaciones periodísticas que aluden al contenido de las conversaciones que estos jueces han mantenido sobre la legalidad de la reforma. El Gobierno acusó a García-Calvo y Rodríguez-Zapata de estar "contaminados" para resolver el recurso que presentó el PP por haber remitido en junio una carta a Casas en la que le pedían que dimitiera por haber cumplido tres años en ese cargo. Por su parte, el PP quiere echar a los tres jueces progresistas por una información aparecida en un medio de comunicación que desvelaba una conversación privada de esos magistrados con la presidenta y otros dos colegas sobre la respuesta a la carta de García-Calvo y Rodríguez Zapata.
Pues bien, Rodríguez-Zapata rechaza que se puedan utilizar los comentarios de los jueces "para construir" recusaciones. "Admitir esa construcción llevaría al absurdo de que simples intercambios de impresiones entre magistrados pudiera dar pábulo a actuaciones procesales que nos instalarían en la cultura de la sospecha", agrega. Por ello, apuesta porque las recusaciones se rechacen sin ser tramitadas.
Su compañero, García-Calvo, va más allá y carga contra uno de los jueces de su sector, Ramón Rodríguez Arribas, por haber escrito una carta al presidente en funciones, Vicente Conde, en la que defiende la imparcialidad de los jueces recusados por el PP. En su voto particular, amenaza a este juez con pedirle que "ratifique, ante quién proceda y cuando la ocasión lo solicite" que los jueces recusados por el PP son inocentes. Por ello, tilda de "una irregularidad de tal magnitud procesal" que se haya comunicado al PP y al Gobierno el contenido de la carta de Rodríguez Arribas.
