El juez Fernando Grande- Marlaska acordó ayer el ingreso en prisión del responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena, e impuso sendas fianzas al secretario del sindicato LAB, Rafa Díez de Usabiaga, y al dirigente de Batasuna Pernando Barrena. Por contra, no adoptó ninguna medida contra la letrada Arantxa Zulueta.

Los cuatro declararon ayer como inductores de los incidentes que se produjeron durante la jornada de huelga celebrada el pasado día 8 de marzo en el País Vasco para protestar contra la política de dispersión de los presos etarras. En opinión del juez, esa jornada, que fue convocada por el sindicato LAB, "fue exigida por el frente militar" de la banda terrorista ETA y "estuvo orquestada, dirigida y planificada" por la ilegalizada Batasuna.

LOS IMPLICADOS El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que en esa jornada se produjeron un total de 108 incidentes. Por ese motivo, responsabilizó de esos hechos a Juan María Olano --que ingresó en prisión en la madrugada del jueves--, a los cuatro dirigentes que declararon ayer ante el juez y al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, que no ha podido comparecer por estar enfermo.

El juez explica que decreta prisión para los imputados procesados en otros sumarios y que estaban en libertad bajo fianza. Olano y Petrikorena --en libertad bajo fianza de 100.000 euros-- deben volver a prisión para evitar que vuelvan a delinquir.

Sin embargo, el juez impuso prisión eludible bajo fianza para Rafa Díez y para Barrena por considerar que "no consta su imputación en otra causa". Además, sostiene que el riesgo de fuga se "puede restringir con medidas menos gravosas". Por ello, les da una semana para que depositen 100.000 euros y 200.000 euros, respectivamente.

En el auto dictado contra el secretario de LAB, el juez admite que el sindicato es legal, pero "ha cedido sus siglas" a Batasuna "para dar apariencia de legitimidad democrática" a la convocatoria de la jornada de huelga. Por ello, rebaja el papel de Díez, uno de los supuestos interlocutores en el proceso de paz con ETA, a una colaboración.

DELITOS Y DESORDENES Al resto de los imputados les acusa de un delito de integración en ETA, desórdenes públicos con fines terroristas, delitos de coacciones con idénticos fines y estragos terroristas en grado de inducción. El fiscal no pidió ninguna medida contra los imputados. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió prisión para todos, menos para Zulueta. Todavía queda por ser interrogado Otegi, cuyo estado de salud empeoró ayer. Su proceso bronquial ha derivado en una neumonía que le obligará a guardar cama 10 días.

Por otra parte, tres encapuchados se apoderaron de dos troqueladoras y miles de placas de matrícula de una empresa de Replonge (Francia). La policía atribuye la acción a ETA.