La actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en este cargo, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, han renunciado a sus privilegios de contestar por escrito o ser interrogados en sus despachos oficiales. Por ello, los tres acudirán a la sede de la Audiencia Nacional «como todo el mundo», según explicó ayer Arenas, para declarar como testigos ante el juez Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B de los populares.
En la jornada de hoy está previsto que comparezcan Cascos, Arenas y otros dos empleados de la gerencia del PP que tendrán que aclarar algunos extremos sobre las presuntas tretas de Luis Bárcenas para eludir el límite legal de las donaciones anónimas. Por el contrario, el juez ha optado por que Cospedal sea la única que declare en la mañana del miércoles.
Estas comparecencias acorralan aún más a un PP que intenta ganar tiempo para evitar el desgaste de los llamados papeles de Bárcenas. La posición de estos testigos (que tienen la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las preguntas que se les formulen) no es fácil, ya que las acusaciones intentarán probar que el extesorero del PP dijo la verdad cuando reveló la existencia de una caja B. Sin embargo, si los mandos del PP niegan esta versión darán más argumentos a su antiguo tesorero para seguir tirando de la manta tras cambiar su estrategia en la última declaración que prestó ante Ruz, el pasado 15 de julio.
PRINCIPALES BENEFICIARIOS
En aquella comparecencia, Bárcenas reconoció la existencia de una contabilidad opaca que servía para pagar sobresueldos, aseguró que los secretarios generales y subsecretarios del partido conocían su existencia y que, además, eran los principales beneficiarios de este tipo de compensaciones dinerarias.
También sostuvo que Arenas, secretario general entre 1999 y el 2002, le ordenó en el 2010 que entregara al entonces presidente del partido, Mariano Rajoy, 4.900 euros que quedaban de remanente tras la liquidación de la caja donde se guardaban los donativos. «Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer», le dijo Arenas, según relató Bárcenas al juez.
Asimismo, el exsecretario general deberá dar detalles del encuentro que se celebró en la sede del PP en marzo del 2010 y al que asistieron Rajoy, Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. En esta reunión, el extesorero pidió a los presentes que Cospedal dejara de intoxicar sobre él en la prensa. También se acordó que mantuviera un despacho, a su secretaria, un coche con chófer y que siguiera percibiendo su salario «sine die» tras dejar su cargo en la tesorería del partido en el 2009 por la imputación en el caso Gürtel.
LA CONFIRMACIÓN
Precisamente, ayer el socio de Bárcenas en Argentina y también extesorero del PP, Ángel Sanchís, confirmó que su amigo cobró esta nómina sin que desarrollara ninguna actividad en el partido.
Por su parte, Cascos, secretario general entre 1989 y 1999, tendrá que aclarar si percibió más de 400.000 euros en sobresueldos incluso mientras fue ministro de Fomento y si recaudó 47 millones de pesetas para el PP entre 1994 y 1996. Francisco Correa ya apuntó que había dado 1.000 millones a Bárcenas cuando Cascos estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Durante estos mandatos, José María Aznar presidía el partido. De momento, se ha librado de comparecer como testigo, pero todo depende de lo que declaren sus subordinados. El juez se negó a convocarle el pasado mes de junio.
El papel más complicado lo tiene Cospedal, que es «la enemiga» de Bárcenas, según Sanchís. «No dice cosas muy buenas» de ella, aseguró ayer en declaraciones a La Sexta. La actual secretaria del PP tendrá que explicar la relación laboral de Bárcenas con el partido y si tuvo conocimiento de la caja B. También deberá aclarar si el extesorero cobró una comisión de más de 200.000 euros en Castilla-La Mancha en el 2007 cuando ella presidía el PP en esta comunidad. Su declaración estará orientada a ser el cortafuegos de Rajoy, que fue quien la eligió para este cargo.
