El concejal del Ayuntamiento de Marbella Victoriano Rodríguez ingresó ayer en prisión al considerar el juez que hay indicios suficientes para imputarle por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Con él, son cuatro los encarcelados a raíz de la operación Malaya contra la corrupción en Marbella, que ha reportado 23 detenidos. La primera teniente de alcalde, la tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos, y el edil José Jaén declaraban de madrugada bajo petición fiscal de prisión incondicional.

García Marcos, una de las ediles más combativas contra la política urbanística de Jesús Gil y expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura de los concejales del GIL, ha solicitado al exmagistrado Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera judicial por prevaricación, que se haga cargo de su defensa junto al letrado José Carlos Aguilera. Este ya había adelantado que García Marcos justificaría la presencia de 370.000 euros en varias sacas halladas en su casa como dinero procedente de los regalos que ha recibido por su reciente matrimonio y como parte de una herencia familiar. Pero ha trascendido que una de las pruebas en su contra es una conversación telefónica en la que la edil intermedia con un constructor para obtener una comisión en una operación urbanística.

Tras una sesión maratoniana de declaraciones el pasado viernes, que concluyó a las cinco de la madrugada, el juez instructor Miguel Angel Torres comenzó a tomar declaración ayer a mediodía.

Hasta el momento, ha decretado la puesta en libertad sin fianza pero con los cargos de prevaricación y tráfico de influencias del secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y la libertad bajo fianza de 20.000 euros del abogado y empresario José Luis A. B. Otro de los detenidos que ha quedado en libertad bajo fianza de 12.000 euros por cohecho es Julio del Marco, gerente de la empresa de transportes municipales Portillo.

TESTAFERROS En los próximos días seguirán declarando el resto de testaferros y abogados que Juan Antonio Roca utilizó para blanquear el dinero logrado de forma ilícita a través de un entramado de sociedades y por la mediación en concursos, de los que se beneficiaron los ediles.

A Marisol Yagüe se le acusa, entre otras cosas, de favorecer a un empresario imputado y ya en prisión, Ismael Pérez, otorgándole la concesión del servicio de grúa a cambio de "regalos". Aunque se trataría de delitos con los que no se enriqueció espectacularmente, el juez decidió su ingreso en prisión por el riesgo de que destruyera pruebas.