La revisión de la sentencia contra Jarrai y sus sucesoras Haika y Segi, acusadas de promover la kale borroka , puede dificultar aún más el debilitado proceso de paz. La fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo que declare a Jarrai organización terrorista, mientras la izquierda aberzale se echó a la calle para exigir el fin de la "represión judicial".
La fiscalía mantuvo su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que consideró a Jarrai asociación ilegal y no terrorista, y condenó a los 24 acusados a penas que rondan los tres años de prisión, por entender que en su actividad no usaron armas. La representante del ministerio público, Pilar Fernández, citó varias sentencias para demostrar que el concepto de terrorismo no siempre se ha identificado con el de banda armada, y pidió que se aumente a 10 años la condena, por entender que Jarrai-Haika-Segi estaba "controlada por ETA", y que sus acciones "tienen como fin complementar la lucha" de la banda.
El abogado de la defensa, Iñigo Iruin, se mostró de acuerdo con la sentencia de la Audiencia en la parte que señala que se debe diferenciar "entre organización terrorista armada y otras organizaciones sociales", aunque "tengan una finalidad próxima a la que persigue ETA". "No es lo mismo quemar un cajero que matar a un hombre", aseveró.
El fallo del Supremo, que se sabrá en próximos días, puede ser clave, porque sentará un precedente a la hora de juzgar al resto del entramado etarra. Así, si Batasuna fuera considerada como Jarrai solo una asociación ilícita, sus dirigentes se enfrentarían a penas e inhabilitaciones de unos dos años, y por tanto podrían seguir dirigiendo el partido que sustituya a Batasuna.
La izquierda aberzale se concentró ayer en las tres capitales vascas y Pamplona. La dirigente Jone Goirizelaia consideró imposible el inicio de un proceso mientras el Estado mantenga "las actividades represivas de carácter político-judicial".
