La Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos desde que entró en vigor el pasado 12 de abril el decreto de la función pública de la vivienda hasta hoy, fecha en la que el Gobierno lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado martes un anuncio para comenzar el expediente de expropiación temporal de uso de un inmueble de Sevilla, el primer caso en esta provincia en el que sea aplica el citado decreto.
El expediente de Sevilla supuso el décimo de Andalucía tras cuatro de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Cádiz, según la información facilitada por Consejería de Fomento y Vivienda.
La publicación en el BOJA es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que se puede aplicar a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Tras su publicación en el BOJA, la sociedad adjudicataria del piso dispone de un plazo de quince días para presentar alegaciones y, si no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno.
Además de la expropiación, el decreto prevé sanciones para viviendas vacías y, para ello, la Consejería ha puesto en marcha un plan extraordinario de inspección para detectar casas vacías, que si se mantienen en esa situación seis meses pasarán a formar parte del primer registro de inmuebles deshabitados y sus poseedores serán sancionados sin son personas jurídicas o recibirán un incentivo para que las alquilen si son personas físicas.
Las entidades financieras están comunicando las viviendas protegidas que tienen en sus balances para que desempeñen la función social para las que fueron construidas, ha señalado la delegada de la Consejería en Sevilla, Granada Santos.
En Andalucía hay 700.000 viviendas vacías, según los datos de la Consejería de Fomento y Vivienda.
La sanción por tener una vivienda vacía asciende a 9.000 euros, y las multas a entidades financieras por no dar a las viviendas protegidas de sus balances el uso social para el que fueron construidas pueden llegar a 120.000 euros.
Según ha informado a Efe la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el recurso del Ejecutivo contra el decreto andaluz entró ayer en el registro del Constitucional, por lo que de ser admitido a trámite -probablemente mañana- se producirá la suspensión de dicha norma durante el plazo de cinco meses.
El Gobierno ha enviado un fax al Ejecutivo andaluz en el que le ofrece una "vía de diálogo informal" en la Subcomisión de Conflictos entre Gobierno y comunidades autónomas, en respuesta a la petición realizada hace unos días por la Junta de Andalucía de abrir una negociación bilateral sobre este conflicto.
