El auto de prisión de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, un concejal y el alcalde en la sombra, Juan Antonio Roca, a raíz de la operación Malaya, ha sido más que suficiente para que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto y solicite mañana la disolución del ayuntamiento marbellí. La Administración regional considera que hay pruebas "objetivas" de que se ha realizado una gestión "dañosa para los intereses generales de los ciudadanos". Esta inusual medida, que de adoptarse sería la primera vez que se ejecuta en democracia, corresponde dictarla al Gobierno de la nación.
El consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías (PSOE), explicó en la SER que la medida podría hacerse oficial en el Consejo de Gobierno de mañana, al "incumplirse claramente las obligaciones constitucionales de una corporación municipal", dado que parece estar acreditado que los concejales marbellís adjudicaron arbitrariamente servicios municipales a cambio de regalos o favorecieron económicamente a determinadas empresas vinculadas al asesor urbanístico Juan Antonio Roca.
PLENO EXTRAORDINARIO El Parlamento andaluz ya ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario el miércoles para debatir la situación del ayuntamiento marbellí. Adoptada esta medida, que tendrá que ser elevada al Consejo de Ministros, todo apunta a que se constituirá una gestora elegida por la diputación provincial que intentará normalizar la situación hasta los comicios de mayo del 2007.
La opción de la gestora no convence a los partidos de la oposición ni a los empresarios andaluces de la construcción, que, a través de su portavoz, Ricardo Arranz, cuestionaron que "una gestora de gente que no es de Marbella o que no tendrá una responsabilidad de futuro pueda dar la estabilidad que la localidad necesita en este momento".
EL PAPEL DE LA OPOSICION La secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, pidió al Gobierno marbellí que se deje de "pantomimas" y dimita para que "el camino esté despejado". La representante de los socialistas malagueños se preguntó "a disposición de quién ponen el cargo", ya que "la Junta de Andalucía no es un órgano superior a un gobierno municipal".
El Partido Andalucista (PA) apuntó que los grupos de la oposición (PA, PSOE y PP) podrían asumir la gestión de cuestiones administrativas y los servicios básicos. Como manifestó la Junta el día anterior, el partido asegura que no mantendrá ningún contacto con el equipo de gobierno de Marbella, al que exige su dimisión en bloque. Según el secretario provincial y concejal del PA en Marbella Pedro Pérez, el mantenimiento en el poder de los siete concejales que restan de la corporación "lo único que persigue es ganar tiempo para tapar sus propios trapos sucios".
Pese a que la Fiscalía General del Estado ha señalado que se trata de una operación muy medida, los andalucistas exigen el cese inmediato de los familiares de los concejales del equipo de gobierno y personal de confianza --entre ellos el exmarido de Marisol Yagüe, coordinador del área de Hacienda-- dado que "podrían participar en presunta ocultación o sustracción de documentación pública, ya que tienen acceso a documentos privilegiados y de primera magnitud en los hechos investigados".
Mientras, los dos grandes partidos nacionales protagonizaron ayer un cruce de acusaciones a raíz de la operación contra el corrupto Ayuntamiento de Marbella. El PP acusó al PSOE de ser un "claro encubridor" de lo ocurrido y exigió al Gobierno que convoque elecciones inmediatas. Los socialistas, por su parte, consideran que a los populares les mueve el interés electoral y simulan ahora una dureza que no tuvieron cuando gobernaban. El PSOE recordó que, en el 2003, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, no quiso disolver el consistorio.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella, María Angeles Muñoz, culpó a la Junta de "haber mirado hacia otro lado" mientras se producían "todo tipo de irregularidades".
