Desazón. La Audiencia Nacional decidió ayer, por sorpresa, renunciar a su derecho a juzgar al militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, al considerar que en este caso tiene prioridad la justicia argentina. Esta decisión se ha tomado después de que la fiscalía reclamara 17.010 años de cárcel contra el militar por delitos de lesa humanidad y genocidio.

La defensa del militar planteó esta cuestión antes del inicio de la vista, que debía celebrarse el próximo año para evitar la excarcelación de Cavallo, que está preso desde el 2003 después de que las autoridades de México le entregaran a España porque unos testigos le reconocieron como uno de los torturadores de la temida Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura (1976-1983).

Los magistrados de la Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara, aceptaron los argumentos del letrado después de examinar las comisiones rogatorias (investigaciones judiciales) que se tramitan en Argentina contra Cavallo. Para los jueces, sus colegas argentinos instruyen ya varios procesos contra el militar. Por esto, tacha de "pueriles" los alegatos de la fiscalía y de las acusaciones particulares por sostener que Cavallo solo era perseguido en España.

Por ello, la Audiencia Nacional considera que la actuación de la justicia de Argentina debe prevalecer sobre el derecho de la española, que solo debe actuar si el imputado no está encausado en el país donde ha cometido el delito. En este caso, el tribunal afirma: "Debe reconocerse una absoluta prioridad a la jurisdicción argentina siempre y cuando se ejercite de manera eficaz y ello sin que frente a dicho criterio puedan alzarse otros como la protección de intereses internacionales o la nacionalidad española de las víctimas".

SEGUIRA EN PRISION Por este motivo, opta por poner a disposición de Argentina el sumario, aunque acuerda mantener al militar en prisión para proteger "los derechos de las víctimas". No obstante, esa medida tendrá un plazo de 40 días, ya que la Audiencia considera que el militar tiene derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (en este caso la jurisdicción argentina), aunque Cavallo lleve más de tres años en prisión por orden del juez Baltasar Garzón.

Por otra parte, un juez argentino ordenó ayer la busca y captura del exsubcomisario de la policía Rodolfo Eduardo Almirón, acusado de varios asesinatos en la década de los setenta, que se encuentra en Torrent (Valencia). Hasta ahora, la policía española no tenía ninguna reclamación contra Almirón.