Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, exdirectores generales del Cesid --ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI)--, invocaron ayer su obligación de "guardar secreto" para no facilitar datos sobre las presuntas escuchas ilegales a Herri Batasuna (HB) en su sede de Vitoria. Manglano y Calderón alegaron que si hablaran cometerían "un delito más grave del que se les imputa".
También optaron por negar los hechos y guardar silencio los otros cuatro agentes que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Alava cinco años después de que, el 31 de marzo de 1998, fuera descubierto un montaje para espiar en las oficinas de HB. Tres de los cuatro supuestos espías del Cesid negaron serlo a preguntas directas de sus defensas, mientras que Mario Cantero se negó a facilitar ni siquiera su profesión a preguntas del presidente de la sala.
Aunque la fiscalía sólo acusa a dos de los seis encausados, a Mario Cantero y Francisco Buján, ninguno de ellos admitió la más mínima participación en unos hechos descubiertos de modo fortuito por técnicos de Telefónica que cambiaban una centralita.
Las acusaciones particulares piden para cada uno de los cuatro imputados más de tres años y medio de prisión y la inhabilitación por 12 años, ya que los considera autores de un delito continuado "de descubrimiento y revelación de secretos". También solicitan la misma inhabilitación y cuatro años de prisión para los directores del Cesid.
