El presidente del Médicos del Mundo, Álvaro González, ha expuesto ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados más de 700 casos de inmigrantes a los que se ha negado la atención médica como consecuencia de la entrada en vigor del real decreto de reforma sanitaria hace un año.

En declaraciones a los periodistas al término de su intervención ante la mesa y los portavoces de la Comisión de Sanidad, González ha lamentado que la reforma sanitaria ha dejado sin cobertura normalizada a más de 800.000 personas.

Después de un año de aplicación de este real decreto, los 700 casos documentados por Médicos del Mundo ponen de manifiesto "un deterioro importante en la atención médica, con casos flagrantes de abandono del tratamiento, de no seguimiento de enfermedades crónicas, facturaciones en urgencias y desatenciones a embarazadas y niños".

"Una situación lamentable y triste para un país que tenía un modelo sanitario privilegiado y de admirar en el resto del mundo", ha denunciado el presidente de esta organización.

González ha explicado que los casos más frecuentes son los de personas con enfermedades crónicas que no pueden hacer frente al copago de los medicamentos, enfermos oncológicos a los que se les niega acceder al tratamiento o gente con problemas psiquiátricos sin seguimiento.

Han constatado, además, la exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación o casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico, niños a los que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo.

Uno de los casos presentados por Médicos del Mundo es el de Fátima, una mujer con diabetes nacida en Tánger que fue ingresada en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde le diagnosticaron una lesión hepática con posible tumoración maligna, pero le dijeron que para confirmar la malignidad del tumor tendrían que realizarle pruebas adicionales con su correspondiente coste.

Como no pudo pagarlas, no conoce el tipo exacto de cáncer que padece, su salud se está deteriorando de manera evidente y no recibe tratamiento para la enfermedad hepática ni seguimiento de su diabetes a través de la sanidad pública.

Otro caso es el de Mamadou, de Senegal. Tenía 80 años de edad y llevaba más de 10 años en Baleares. Padecía cáncer de próstata e intestino. Necesitaba una inyección semestral (Eligarl) y seguimiento analítico, pero no tenía ingresos suficientes para hacerse cargo de la medicación -cerca de 500?-.

Con la intervención de Médicos del Mundo, se consiguió que recibiera la medicación vía hospitalaria, pero falleció hace diez días.

"No hay argumentos para seguir defendiendo un real decreto que deteriora el sistema sanitario, erosiona la confianza de la ciudadanía y cambia un modelo sanitario de universalidad cuando no era un debate que estaba en la sociedad española", ha denunciado González, que ha reclamado, así, su derogación.