La juez que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, que falleció tras ser reducido por la fuerza por los Mossos d'Esquadra, ha citado este miércoles a declarar como imputados a los ocho agentes que participaron en la detención.
Cuatro de los mossos d'esquadra imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, en el caso del Raval, han llegado a la Ciutat de la Justicia para declarar ante la juez con gafas de sol y camuflados entre una veintena de compañeros, con lo que han dificultado que se les identificara.
Será la primera ocasión en que los agentes, entre los que se encuentran dos sargentos, podrán explicar su actuación, captada por varios vecinos con sus teléfonos móviles, en la que se aprecia cómo le reducen propinándole patadas y, al menos, cinco puñetazos. El empresario se desvaneció tras la actuación policial y murió pocas horas después en el hospital.
Los agentes también tendrán que explicar ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona si es cierto que visitaron a algunos vecinos para instarles a borrar las imágenes que habían captado, como ha declarado algún testigo, y si también vertieron agua para hacer desaparecer la mancha de sangre que el detenido dejó en el lugar del arresto.
APOYO JURÍDICO DE INTERIOR
Los ocho mossos d'esquadra, a los que el Departamento de Interior ha apartado de sus funciones, cuentan con el respaldo jurídico de la consellería, aunque al menos cuatro de ellos han rechazado esa opción y se han buscado un letrado particular.
Según fuentes judiciales, pese a estar suspendidos de empleo -aunque cobrando los aproximadamente 700 euros de su sueldo base-, el Departamento de Interior sigue facilitando asesoría jurídica a los agentes imputados, un derecho que no siempre se ha mantenido a los policías encausados por delitos relacionados con el ejercicio de su profesión.
La juez del caso imputó a los ocho agentes al entender que se extralimitaron en las maniobras para reducirle, ya que supuestamente le dieron golpes, puñetazos y patadas y luego intentaron destruir pruebas. La titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona imputa a los agentes los delitos contra la integridad moral, contra la vida, por obstrucción a la justicia y por coacciones.
