La sanción a España por el incumplimiento de la política comunitaria de agua podría hacerse efectiva antes de que acabe este año, según han anunciado representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en un foro sobre infraestructuras hidráulicas.
La Comisión Europea dio el pasado marzo el primer paso para multar a España por no tener listos los planes hidrológicos y de cuenca en la mayoría de sus ríos, tal como exigen las normativas comunitarias, y cuatro años después de que haya expirado el plazo máximo legal establecido por las autoridades europeas.
En un foro organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Escartín Hernández, subsecretario general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, ha apuntado además que hay otros expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea y que se requiere de nuevas obras para intentar atajar otras penalizaciones.
Según el experto, la complejidad del sistema hídrico español, por la dispar climatología y geografía del país, además de la multiplicidad de actores implicados en la gestión del agua, justifica de alguna manera el retraso en el que ha incurrido la administración para presentar sus planes de cuenca y ajustarse a la norma comunitaria.
Hasta 2014, ha añadido, no se prevé -por plazos- que estén listos los planes de cuenca que esperaba la UE para 2009 (25 en total), con la del Tajo y Júcar y Segura, además de las siete de las Islas Canarias, entre las últimas de la lista.
Esos planes, ha apuntado Escartín, contemplan las inversiones en obras que se requieren para alcanzar los objetivos marcados, que en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 ascendían a 30.000 millones de euros.
El 60 por cinto, ha señalado, ya se habían completado en 2012.
Para 2014, el presupuesto del capítulo de inversión de infraestructura hidráulica suma 1.464 millones, entre los aportes de las Confederaciones Hidrográficas, la Dirección General del Agua y las sociedades estatales (AquaEs y AquaMed), ésta última con 660 millones destinados en su mayoría a depuración.
Escartín ha recordado que queda pendiente revisar antes de 2015 los planes de agua que todavía se elaboran, integrar las desaladoras al proceso y "mejorar" la economía del agua, además de atender las necesidades de mantenimiento del patrimonio hidráulico.
El subdirector de Infraestructuras y Tecnología, Antonio J. Alonso Burgos, también representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) que ha participado en el encuentro, ha corroborado que la multa anunciada por sentencia firme del tribunal europeo "caerá" antes de diciembre, aunque se desconoce aún a cuanto asciende.
Para evitar otras sanciones, ha precisado, España tendrá que invertir al menos 1.900 millones de euros en infraestructura de aguas.
Otro de los participantes en el foro, Pablo Bueno, presidente del grupo de consultoría TyPSA, ha recomendado durante su intervención "una mejor inversión" y ha pedido al MAGRAMA cambios en su política de contratación, que ahora es por subasta y debería ser por méritos y conocimiento.
"La ingeniería barata es mala ingeniería", ha asegurado Bueno, en la mesa redonda sobre inversión en obras hidráulicas, a la que, finalmente, no asistió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tal como estaba previsto.
