Un ministro dijo la semana pasada que en la negociación de los Presupuestos, como en todas las relacionadas con el independentismo, había que diferenciar entre dos planos. El "racional" y el "emocional". Desde el punto de vista racional, dijo, tanto ERC como el PDECat negociarían las cuentas públicas, porque incluyen relevantes mejoras sociales y aumentan la inversión en Catalunya. "Pero hace años que el independentismo no ve la política en términos racionales", concluyó el ministro. La plasmación de esta actitud, a ojos del Gobierno, se dio este lunes. Los republicanos anunciaron una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Los posconvergentes no fijarán posición hasta el viernes, pero plantearon condiciones que el Ejecutivo rechaza.

Ambos movimientos condenan las cuentas al fracaso, y ahora Pedro Sánchez se ve obligado a situarse frente al adelanto electoral, un escenario que rechaza desde que llegó al Gobierno. En la Moncloa siempre habían considerado "difícil" que ERC y el PDECat aprobaran los Presupuestos, todavía más al calor del juicio al 'procés' que comenzará el próximo 12 de febrero, pero confiaban en que los independentistas, al menos, permitieran su tramitación, dando al Ejecutivo un oxígeno de varios meses. Pero las cuentas no salen. Si se confirma el veto de los republicanos, las enmiendas a la totalidad serán apoyadas mayoritariamente, con los 178 escaños del PP y sus satélites territoriales, Ciudadanos y ERC. A esa cifra habría que sumar los ocho diputados del PDECat.

"Si no se aprueban los Presupuestos, habrá elecciones en el 2019. Eso es lo que tiene el presidente en la cabeza", dijo el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno todavía no tira la toalla. Cree que hasta el 13 de febrero, un día después del comienzo de la vista en el Tribunal Supremo, cuando las cuentas pasarán su primer y quizá único examen parlamentario, se pueden "acercar posiciones". Pero al mismo tiempo reconoce que el margen es muy escaso, porque ERC pide "movimientos" que pongan fin a la "represión contra el independentismo" y negociar el "derecho de autodeterminación", mientras el PDECat reclama que a las reuniones entre el Ejecutivo y la Generalitat asista también un "mediador neutral". La Moncloa no está dispuesta a ninguno de estos gestos. "Supeditar el voto a cuestiones que no dependen del poder ejecutivo, sino de otros como puede ser el judicial, está fuera de todo sentido común", dijo la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.